Sin representación popular real

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

La comparecencia del fiscal general del estado que tuvo lugar este martes 9 es igual de irrelevante que casi todas las anteriores por abordar los casos como sucesos inconexos.

Pasaron los tiempos en los que habría que ser valiente para hablar fuerte en las tribunas parlamentarias de nuestro país, ya no se corren los riesgos que llevaron a la muerte a Belisario Domínguez ante Victoriano Huerta ni vivimos en el mismo contexto de 1968 cuando un digno legislador del PRI llamado Rafael Galván alzó la voz contra la represión gubernamental al movimiento estudiantil.  Hoy cualquier simple mortal que quiera criticar del presidente de la república para abajo lo puede hacer en el tono que quiera y sin necesitar que los medios tradicionales le brinden espacio.

Así las cosas, cuando comparecen funcionarios ante la representación popular sería de esperarse que los diputados en vez de valor acrediten que entienden el tema y están comprometidos con el interés general.

La comparecencia del fiscal general del estado que tuvo lugar este martes 9 es igual de irrelevante que casi todas las anteriores por abordar los casos como sucesos inconexos, sin la relación de causa- efecto con una clase política que ha disfrutado de impunidad durante largas décadas.

El caso de Julio Cesar Chávez es ilustrativo, quienes intervinieron exponen que prácticamente sigue gobernando el municipio de Guadalupe y colocando candidatos, lo que de ser cierto debiera se nota de ocho columnas en los medios nacionales por la gravedad de las aseveraciones, pero ni la prensa local le da crédito a intervenciones parlamentarias que reproducen los rumores que circulan ampliamente sin evidencias conocidas.

En cambio, la legislatura que desaforó al ex alcalde no se ha ocupado de las circunstancias que permitieron su fuga ¿No debió estar bajo estricta vigilancia, como es usual en esos casos, para que cuando fuera legalmente posible ejecutar la orden de aprehensión del caso? ¿Nadie se ha preguntado la razón por la cual no se aprehendió a la esposa de Julio César señalada como copartícipe y sin fuero que impidiera su detención?

Nunca sabremos si operó en el sigilo una red de protección dada el peso político de quién se perfilaba a contender por un escaño en el senado, lo que daría cuenta de que la corrupción de la vida pública en Zacatecas es más grave de lo que imaginamos.

Rutina estéril

Las intervenciones a propósito de las denuncias contra Miguel Alonso son igualmente ilustrativas, son tan inocuas, que según lo dijo el propio fiscal, varios de los implicados forman parte del actual equipo gubernamental, pero lo que aquí vale preguntar si los diputados consideran que Miguel Alonso es el único gobernador denunciable, como si antes y después no conociéramos tantos casos que ameritan investigación, como lo sucedido con el fondo de pensiones del ISSSTEZAC y el empantanamiento del proyecto “Milpillas”.

¿Los diputados suponen que la Auditoría Superior del estado nada tiene que ver en la larga cadena de impunidad de la que han gozado los políticos que han incurrido en conductas punibles?  ¿Suponen que los titulares de órganos de control tienen derecho a gozar de grandes ingresos a cambio de no hacer nada?

Pasar lista de los crímenes no aclarados es ejercicio ocioso si ni siquiera se obtiene del fiscal que comparece una explicación convincente, aunque sea casuística.

En mi opinión, la comparecencia de Cristian Paul Camacho no contribuye a poner en el centro la realidad de la procuración de justicia en la entidad, no se ventilan las causas por las cuales hay  más de 80  mil carpetas de investigación inconclusas y ¿Cuál es la justificación para que acumulen 3 mil 754 órdenes de aprehensión sin ejecutar?, esos datos son suficientes para entender la importancia de no dejar que los árboles tapen el bosque, como lamentablemente sucede cuando se llega a las comparecencias sin la información debida atenidos a lo que el personal jurídico de la legislatura redacte para la ocasión.

De puro trámite

Lo que más delata a la legislatura agonizante es el hecho de que a nadie se le ocurrió preguntar lo que ha pasado con la “estafa legislativa” con las empresas fantasmas y facturas falsas que los integrantes de la 63 legislatura utilizaron para desviar recursos según lo dio a conocer el diputado Ernesto González Romo, sus compañeros le echaron tierra al asunto al mismo tiempo que, cuando menos algunos, siguieron haciendo lo mismo.

Político que no tiene autoridad moral no tiene escapatoria, tiene que formar parte voluntaria o involuntariamente de las redes de corrupción, tiene que callarse lo que sabe porque puede incomodar a otros que le saben cosas, tal es la situación de muchos miembros de la clase política local de diversos colores.

Por eso las comparecencias de funcionarios son de puro trámite en un estado que sigue postergando la tarea de erradicar la corrupción política.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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