Sin contrapesos, la corrupción celebra mientras el mundo conmemora

Julieta del Río

Ayer, 9 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que en México llega con un mensaje claro: lejos de disminuir, la corrupción ha empeorado. Los datos del INEGI lo confirman. En 2023, el 14 % de la población adulta fue víctima de algún acto de corrupción. Entre quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, la cifra se disparó a 59.4 %. Y el 83 % de la ciudadanía considera que la corrupción sigue siendo un problema frecuente.

A estas cifras se suma un elemento preocupante: la desaparición de siete órganos autónomos y el debilitamiento de otros más. Este desmantelamiento institucional ha tenido un impacto directo y negativo en la lucha contra la corrupción. Al desaparecer o debilitar organismos encargados de vigilar, sancionar o transparentar decisiones, crece la discrecionalidad y, con ella, los contratos opacos, las adjudicaciones sin justificación y la falta de controles.

La consecuencia es evidente: desconfianza ciudadana, impunidad y una sensación generalizada de que quienes deben combatir la corrupción están debilitados, minimizados o capturados. Y aunque las estadísticas son contundentes, la vida cotidiana lo es aún más. La corrupción se ve en trámites, en oficinas públicas, en obras inconclusas, en contratos inflados, en escándalos que nunca llegan a consecuencias. Es tan frecuente que muchos temen que ya se normalizó.

Ese es el verdadero riesgo: que el país se acostumbre al abuso, al privilegio, a los arreglos bajo la mesa; que ver a funcionarios sin rendir cuentas se vuelva cotidiano; que la ciudadanía deje de denunciar porque nada cambia. La corrupción crece donde impera la impunidad, y nada favorece más a la impunidad que la ausencia de instituciones fuertes.

Por eso la desaparición de organismos como el INAI no es un tema técnico, sino una pérdida profunda para la ciudadanía. El INAI garantizaba que cualquier persona pudiera exigir información clave: contratos públicos, sueldos, declaraciones patrimoniales, uso del presupuesto, adjudicaciones y obras. Sin un árbitro independiente, el gobierno decide qué mostrar y qué ocultar, debilitando la vigilancia ciudadana y favoreciendo los silencios que alimentan la corrupción.

Aunque se promuevan plataformas digitales o trámites más simples, eso no sustituye la transparencia efectiva. En la práctica, la información sigue reservada, incompleta o inaccesible, mientras casos graves permanecen impunes. A ello se suma la llegada de una nueva Corte cuestionada desde su origen, lo que profundiza la percepción de fragilidad institucional justo cuando más se necesita rigor y autonomía.

La corrupción no se combate solo con tecnología ni con discursos sobre honestidad. Se enfrenta con instituciones autónomas, con contrapesos reales y con ciudadanos que exigen cuentas. México merece un Estado que funcione, servidores públicos con ética y una sociedad que no renuncie a su derecho a saber.

En un país donde la impunidad sigue siendo la regla, la exigencia ciudadana es más necesaria que nunca. Porque si la ciudadanía no exige, el poder no corrige.

@julietdelrio