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Opinión

¿Simplificación administrativa?

¿Simplificación administrativa?

Opinión Nubia Barrios

Los institutos de transparencia no son solamente intermediarios administrativos, sino pilares de la democracia.

Nubia Barrios
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21 de noviembre 2024

Como es de todos conocido, la propuesta que busca desaparecer los organismos autónomos en el país alcanzaría a los garantes locales como el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI); esta reforma, como ya lo hemos expresado, plantea serias implicaciones en los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México. Por otra parte, contrario al discurso que argumenta un supuesto ahorro, el impacto financiero, administrativo y democrático para entidades sería abrumador.

Retomando los cálculos que atinadamente ha hecho el comisionado Salvador Romero, del estado de Jalisco, actualmente el presupuesto combinado de los 33 institutos de transparencia del país, incluyendo el INAI, representa un costo aproximado de 17 pesos anuales para cada mexicano. El IZAI, con un presupuesto de los más bajos del país dentro de esta suma, ha logrado consolidarse como un garante del acceso a la información y la protección de datos personales en el estado. No obstante, la propuesta de transferir estas responsabilidades a las contralorías de cada uno de los cerca de siete mil sujetos obligados a nivel nacional revela que se necesitarían al menos 21 mil nuevos puestos de trabajo para desempeñar las funciones que actualmente realizan poco más de dos mil personas en los institutos de transparencia del país: las resoluciones de inconformidades y denuncias, las verificaciones a la información pública, la capacitación en la materia, la asesoría ciudadana y la promoción de la cultura de la transparencia.

Este modelo no sólo complica la simplificación administrativa que se pretende, también es financieramente inviable y contraviene la eficiencia que ha caracterizado a los órganos autónomos en los estados que, por ejemplo en Zacatecas, opera con menos de 50 personas para el desempeño de sus atribuciones.

Ante la posibilidad de que estas funciones sean transferidas a los contralores internos de cada institución, es pertinente aclarar que los institutos de transparencia no son solamente intermediarios administrativos, sino pilares de la democracia. Desde su creación, han brindado herramientas para que la sociedad ejerza su derecho a saber cómo se administra el presupuesto público, cómo se toman las decisiones gubernamentales y cómo se protegen sus datos personales. Centralizar estas funciones en contralorías municipales y estatales, ya de por sí saturadas de trabajo y en muchos casos con limitadas capacidades técnicas, equivale a volver ineficientes estos derechos.

En Zacatecas se cuenta con alrededor de 180 sujetos obligados, entre los que se incluyen ayuntamientos, organismos autónomos y dependencias del poder ejecutivo. Para atender sus necesidades, sería necesario contratar personal en cada contraloría, lo que no sólo incrementaría los costos, sino que también pondría en riesgo la imparcialidad de las resoluciones al depender directamente de las administraciones públicas que deben ser fiscalizadas.

El tiempo y los resultados han sido, y seguirán siendo muestra, de que la transparencia no es un lujo, sino una columna para la democracia que reditúa en confianza ciudadana. Los 17 pesos anuales que cada mexicano destina a los institutos de transparencia son un costo mínimo comparado con el impacto positivo de tener gobiernos obligados a informar su actuar y ciudadanos con el derecho a preguntar. En Zacatecas, el IZAI ha sido testigo de estudiantes, amas de casa, trabajadores y pensionados que a través del acceso a la información han logrado resolver situaciones que impactan en la mejora de su vida.

Si se habla de ponerle costo a la transparencia, es mucho más bajo que el costo de la corrupción. La propuesta de eliminar los institutos de transparencia no representa un ahorro, sino un costo mucho mayor para el país, a corto y largo plazo. Un país democrático no puede prescindir de la transparencia; defender al INAI y a los demás institutos locales no es sólo una lucha por su existencia, sino una defensa de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

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