“Refúndanlo en la cárcel y que ya no salga” ¿Debe ser la cárcel una pena por cualquier delito?

Qué difícil es el dolor de una víctima de un delito, sobre todo cuando el daño es irreparable, como en el homicidio, secuestro, violación, desaparición, entre otros. Sólo la víctima puede saber a plenitud lo que siente.

En la antigüedad, la ley del talión, que ya significaba poner un límite a las sanciones, no permitía imponer un castigo más allá del tamaño del daño causado (ojo por ojo y diente por diente). El sistema fue una revolución en el derecho penal y aunque parezca exagerado, representó civilidad y desarrollo humano, porque para comenzar se erigió en un dique a la venganza privada.

De algún modo la ley del talión está presente en nuestros códigos, sobre todo cuando se trata de delitos patrimoniales, porque se condena al culpable a reparar el daño, en tanto es posible hacerlo, no así en otros ilícitos como los mencionados al inicio de esta opinión.

La pena de muerte en nuestro sistema jurídico está proscrita según lo establece el artículo 22 de la constitución y por cierto no hace poco tiempo que eso sucedió. Por la inseguridad que vivimos si se sometiera a consulta, ganaría la pena capital, con lo que no concuerdo.

La cárcel es una sanción corporal y, aunque la constitución prohíbe las penas trascendentes, es decir que se extiende a los cercanos al acusado, de alguna forma es inevitable que lo sean porque la familia del encarcelado en muchos casos sufre de distintas maneras, sobre todo los menores. Y faltan políticas públicas para atender esa situación tan inhumana.

Nuestra civilización no ha avanzado en el sistema sancionatorio y reparatorio, de modo tal que la gente ofendida o víctima de algún delito no se siente satisfecha.

La medida represiva de privación de la libertad que a eso equivale la cárcel, está tan arraigada en el mundo, que no es infrecuente que un ofendido o victima pida: “que lo refundan en la cárcel”, que nunca salga de prisión.

Si así funcionara el sistema sería el más injusto de todos.

De las personas ofendidas o víctimas es entendible su reacción, pero no de los políticos que gritan que un juez es corrupto porque permite que se lleve una causa en libertad condicional o que cumpla su pena en prisión domiciliaria, de delitos regularmente de orden patrimonial.

Esas declaraciones a todo pulmón desde el palacio nacional son retrogradas, injustas y hasta calumniosas, con fines evidentemente políticos en estos días que está en el congreso iniciativa de reforma judicial. Deliberadamente se hacen sin conocer el contexto del caso y menos los argumentos de la decisión.

Ante esa avalancha del hombre más poderoso, un juez que cumple con la constitución es valiente porque soporta tanta ofensa y está en total estado de indefensión, sobre todo con una presidenta de la Suprema Corte sin oficio político.

Debe estar cerca el tiempo en que se reflexione si la prisión es útil en algunos casos para hacer justicia o debe crearse un nuevo sistema sancionatorio.

En nuestro país están presas más de doscientas treinta mil personas, lo que equivale a una población de una ciudad media.

En los Estados Unidos, la cifra de reclusos sobrepasa el millón, es decir, la población de un país pequeño.

Qué vergüenza. ¿Esa será la democracia?

Esos números hablan de una sociedad en decadencia porque no ha sido capaz de crear un sistema sancionatorio que supla en algunos casos la privación de la libertad.

La justicia restaurativa es hasta cierto punto idealista, porque tiene como centro el perdón y hay cosas en la vida que son imperdonables para muchas personas.

Hace falta construir una cultura humanista para voltear a ver otras sanciones y no sólo la de encerrar a las personas, pues en nada aporta a la reinserción y convivencia social. Esto desde luego no comprende a los delitos graves.

Y mientras tanto, la zozobra no culmina en el caso Zacatecas. Sala Monterrey resolverá seguramente en este mismo mes las impugnaciones que se presenten nuevamente. Pendientes estamos y estaremos.

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