Julieta del Río

El derecho a saber qué ocurre en lo público está estrechamente vinculado con la obligación de los gobiernos, instituciones y personas en el poder de explicar sus decisiones. La rendición de cuentas implica transparentar criterios, acciones y resultados en el uso de recursos y en la toma de decisiones que impactan a la sociedad. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha transformado la forma en que se ejerce ese poder. Hoy, muchas decisiones dependen de sistemas automatizados y algoritmos capaces de procesar grandes volúmenes de información, lo que ha abierto uno de los mayores desafíos contemporáneos: la protección de la privacidad.

Las tecnologías digitales han modificado profundamente la manera en que se genera, almacena y utiliza la información. Plataformas de streaming, aplicaciones móviles, buscadores y redes sociales recopilan de forma constante datos de millones de personas. Esta información ya no se limita a los datos que se proporcionan al crear una cuenta, sino que incluye hábitos de consumo, ubicación, horarios, relaciones, búsquedas, intereses y patrones de comportamiento.

Con la expansión de la inteligencia artificial, este fenómeno se ha vuelto más complejo. Los algoritmos no solo almacenan información, sino que la analizan, identifican patrones y generan inferencias sobre las personas. A partir de los datos disponibles pueden estimar preferencias políticas, estados emocionales, hábitos financieros o incluso posibles condiciones de salud. En este sentido, la inteligencia artificial no solo procesa datos personales, sino que también produce nueva información sobre los individuos, muchas veces sin que éstos la hayan proporcionado de forma expresa o autorizado para esos fines.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la protección de la vida privada es esencial para el ejercicio de libertades como el pensamiento, la expresión y la participación en asuntos públicos. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben las injerencias arbitrarias en la vida privada.

En México, el artículo 16 constitucional reconoce el derecho a la protección de los datos personales y tutela las comunicaciones privadas, estableciendo que solo pueden intervenirse en los casos previstos por la ley y bajo formalidades específicas.

En este contexto, la protección de datos personales ya no puede entenderse separada del derecho de acceso a la información y la transparencia. Durante años se consideraron ámbitos distintos: la privacidad protegía la información personal, mientras la transparencia abría la información pública para fortalecer la rendición de cuentas.

Hoy esa división es insuficiente. La inteligencia artificial ha cambiado las reglas. Mientras la transparencia sigue siendo clave para vigilar el ejercicio del poder, la privacidad se ha convertido en un derecho esencial frente al uso creciente de datos por parte de gobiernos y grandes plataformas tecnológicas.

La discusión no debe plantearse como una elección entre transparencia o privacidad. Ambos derechos son complementarios y pilares de la democracia. Se requieren instituciones abiertas que rindan cuentas sobre el uso de tecnologías y algoritmos, así como reglas claras que garanticen que la innovación no comprometa la dignidad, autonomía y libertad de las personas.

Porque una democracia no solo debe permitir que la ciudadanía vigile al poder; también debe evitar que el poder, mediante la tecnología, termine vigilando de forma permanente a la ciudadanía.

@julietdelrio