Presupuesto y justicia

No es fácil hablar de porcentajes desde la perspectiva del gasto público que debe cubrir tantos aspectos, algunos de ellos tan sensibles y por ello irreductibles.

En estos días de convulsiones político-electorales, los entes públicos de nuestro estado están muy atentos de las cuestiones presupuestales que definirá la legislatura, como cada año lo hace.

Si hablamos de justicia, debemos integrar a ese sector, no sólo al poder judicial, como uno de los clásicos tres poderes del estado, sino además a otros órganos autónomos que administran justicia, como a manera de ejemplo son los tribunales de justicia administrativa, laboral burocrática y electoral y sin hablar de la Fiscalía que investiga y judicializa los casos que así lo ameritan o el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información pública que dicta resoluciones formalmente jurisdiccionales.

De sobra sabemos que el grueso del presupuesto del estado se nutre de recursos del orden federal, que en estos últimos años no nos ha tratado tan bien como lo necesitamos, pues incluso han desaparecido algunos rubros de que antes se disponía.

Ha sido un reclamo constante de que al poder judicial se le asigne un porcentaje del presupuesto estatal, en lugar de una cantidad anual determinada, pues de ese modo de manera automática verá reflejado el aumento que dicho presupuesto resienta, mínimamente atendiendo a la tasa inflacionaria.

No es fácil hablar de porcentajes desde la perspectiva del gasto público que debe cubrir tantos aspectos, algunos de ellos tan sensibles y por ello irreductibles, pero sí lo es hablar de necesidades apremiantes del poder judicial.  La primera es obvia: las percepciones de los jueces y secretarios, que se han quedado atrás desde hace años.

Los ingresos de los jueces y demás personal judicial deben ser suficientes para tener una vida decorosa en la dichosa medianía juarista, lo que en la actualidad evidentemente no se alcanza.

Si bien nada es absoluto, en términos generales, jueces bien pagados, que no con sueldos exorbitantes, garantizan una buena labor, porque humanamente ven satisfecho un ingreso para llevar una vida de decoro ellos y sus familias.

Sin desconocer que el gasto público tiene un sin fin de aspectos esenciales qué atender, tales como la educación, la salud, la obra pública, entre otros, en la propuesta del presupuesto al poder judicial no le va nada bien, pues de los 800 millones que pidió, se propone por parte del ejecutivo 640 millones 800 mil pesos, mientras que el del año 2023 fue de 615 millones 114 mil 643 pesos.

La cifra propuesta en términos meramente numéricos parece mayor que la que se aprobó para este año, sin embargo si consideramos la inflación y los aumentos que deben darse a los salarios, en términos reales el incremento sería mínimo, si no que es que ni a eso llegue.

En esas condiciones, cómo pretendemos una justicia de calidad, si no se salvaguarda en los presupuestos  en su integridad la garantía que reviste la independencia judicial, que uno de sus componentes  son las remuneraciones dignas para las servidores públicos, consagrada por cierto en la constitución y en los tratados internacionales.

La propuesta de presupuesto para el poder judicial merma la posibilidad de ir allanando el camino para poner en marcha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es inaplazable comenzar con la capacitación de ese nuevo modelo de juzgamiento.

Lo único que se espera es que los legisladores vean esas necesidades de la justicia y las atiendan en bien de los zacatecanos.

Y mientras tanto Nuevo León y el país vimos un triste sainete político, siendo uno de sus protagonistas, que no el único, el inexperto joven gobernador, todo soberbia y frivolidad.

¿Y dónde está la política fina y de altura que la república merece?




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