
Debemos recordar qué motiva las inconformidades de las y los trabajadores de la educación que en estos meses protestan y exigen la derogación de la más reciente reforma al sistema de pensiones del ISSSTE.
La información es poder. Tanto, que a veces parece que a los gobernantes les conviene que el grueso de la población se mantenga ignorante de muchas de las medidas y normativas que establecen.
Ante las simplonas calificaciones y descalificaciones a las y los trabajadores de la educación que en estos meses protestan y exigen la derogación de la más reciente reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debemos recordar qué motiva sus inconformidades.
En 2007, bajo el gobierno panista de Felipe Calderón, las autoridades declararon su preocupación de que la población adulta mexicana estaba “moviendo” su proporción de trabajadores en activo respecto a jubilados.
La consecuencia más notable de esto es que en pocos años, argumentaron, se podría llegar a una crisis de insostenibilidad del sistema de pensiones. Insostenibilidad económica, por supuesto.
¿Por qué? Porque cada vez más habrá menos trabajadores por cada jubilado. Si a eso agregamos el grueso de desempleados, autoempleados que no necesariamente cotizan para un sistema de pensiones, e incluso adultos que prefieren vivir de apoyos del gobierno… en efecto, los números cambian.
¿Cuál fue la solución que propusieron? Copiar lo que 10 años antes implementó el priista Ernesto Zedillo con quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): un sistema de cuentas individuales.
¿Cuál es el principal cambio que implica esto? De modelo solidario, en que con parte de salarios a trabajadores en activo se paga pensiones a jubilados, se pasa a un sistema de cuentas individuales, donde cada trabajador debe ahorrar e incluso “abonar” para su fondo de pensión.
Por eso ahora, con mucho “desinterés”, se insiste a trabajadores que ya desde ahora ellos mismos inviertan aguinaldos e ingresos extraordinarios en “engordar” al cochino posjubilatorio. “Aunque sea 10 pesos cada semana”, dicen.
La reforma que en 2007 se implementó para el ISSSTE, dicen los defensores del gobierno, era necesaria para no dejar en amenaza de quiebra al sistema de pensiones, en lo inmediato, y a otros servicios a cargo del Estado, en un futuro remoto.
Lo curioso es que muchos morenistas parecen argumentar lo mismo en este 2025, y así lo dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: debe revisarse la disponibilidad presupuestal para dejar sin efecto la mudanza de 2007 y regresar al sistema solidario.
El gobierno no tiene tanto dinero, pues.
Por eso persiste la inquietud en más de 3.2 millones de trabajadores en activo y más de 1.3 millones de pensionados.
El gobierno insiste en que la jubilación de cada trabajador se dé 40 años después de darse de alta; y no 30, como estaba antes. Insiste en que se cotice en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y no en salarios mínimos. Insiste en que prevalezcan las cuentas de Afore, y no las pensiones.
En medio de esta inconformidad de trabajadores de la educación, tenemos periódicas becas para personas en edad económicamente activa que ni estudian ni trabajan; esto en lugar de darles condiciones más concretas para que mejor se conviertan en eficaces solventadores económicos para el país, y así ayuden con la gran tarea: el peligroso futuro que se avisora para quienes buscan un descanso con dignidad económica tras tantos años de esfuerzo en el ámbito laboral, el que hace caminar a esta nación.