“La austeridad no puede ser el nombre nuevo del retroceso social”

Zaira Ivonne Villagrana Escareño

En Zacatecas se ha abierto un nuevo frente de tensión laboral que plantea una pregunta central: ¿puede una ley estatal de austeridad prevalecer sobre los derechos establecidos en los contratos colectivos de trabajo? Diferentes sindicatos del sector educativo hoy conformados en el FRENTE DE SINDICATOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN EN ZACATECAS denuncian que así está sucediendo.

Los gremios que agrupan a maestros y personal de apoyo educativo advierten que el gobierno estatal pretende que sean ellos —y no la autoridad empleadora— quienes cubran las comisiones sindicales o las licencias sindicales remuneradas, lo que contraviene lo pactado en sus contratos colectivos. Alegan que, al aplicar la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el Ejecutivo busca imponer gastos propios a los sindicatos, lo cual han calificado como un intento de debilitar la organización sindical en nombre del ajuste presupuestario.

Ahora bien: este conflicto no es solo técnico-laboral, sino profundamente político. Estamos frente a un choque entre dos lógicas: por un lado, la lógica de control presupuestario y la búsqueda de eficiencia del gasto público; por otro, la lógica de derechos adquiridos, autonomía sindical y contrato colectivo. Cuando la autoridad estatal invoca la austeridad, lo hace sobre recursos públicos; sin embargo, los maestros sostienen que esos recursos ya fueron comprometidos por contratos válidos, que gozan de protección constitucional.

La izquierda histórica ha defendido la organización obrera como columna vertebral de la democracia social. Sin embargo, pedir a los sindicatos que financien lo que por contrato debe cubrir el patrón envía el mensaje contrario: fragmenta, debilita y genera desconfianza. La austeridad, entendida como política pública, no puede convertirse en coartada para desmontar conquistas laborales ni para trasladar responsabilidades estatales a quienes ya viven las tensiones cotidianas de un sistema educativo precarizado.  Exigir que los maestros paguen las comisiones sindicales que les corresponden al patrón es erosionar ese tejido. Si en Zacatecas se establece este precedente, el riesgo es que la “austeridad” se convierta en un caballo de Troya para desmantelar conquistas laborales.

Zacatecas necesita un diálogo transparente y urgente. Si el gobierno estatal aspira a mantener coherencia con los valores que dice representar, debe restituir el respeto pleno a los contratos colectivos y reconocer al sindicalismo como aliado —no como estorbo— en la construcción de un sistema educativo digno, estable y justo.

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