El ”Plan B” de la reforma electoral

En el Congreso de la Unión, los legisladores del PRI-PAN-PRD-MC opositores al proyecto de la cuarta transformación, descartaron la propuesta inicial de la reforma constitucional en materia electoral, tal y como el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador lo tenía calculado, al no alcanzar la mayoría calificada, obteniendo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención; sin embargo, los legisladores de Morena y aliados tenían preparado el “Plan B”, mismo que prevía cambios importantes en el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue aprobado en sus leyes secundarias, pero ¿en qué consiste el llamado “Plan B”?.

El “Plan B” en materia electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone a grandes rasgos: reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), compactar áreas del propio Instituto, eliminar dos fideicomisos, reducir órganos distritales de 300 a 260 durante periodo no electoral, poner candados para que los consejeros electorales no ganen más que el Ejecutivo, la modificación de las facultades del Secretario Ejecutivo destituyendo a Edmundo Jacobo Molina quien ostenta en el cargo más de 14 años, impide el uso de mecanismos financieros para la potencial compra de votos, permite el voto por internet de mexicanos en el extranjero, otorga mayor certeza jurídica, etc. Generando de acuerdo al documento un ahorro al erario de 3 mil 605 millones 624 mil 298 pesos.

Recordemos que la propuesta original que no alcanzó la mayoría calificada, modificaba profundamente al Instituto Nacional Electoral (INE), sustituyéndolo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); además, buscaba la reducción de los consejeros y ministros electorales, contemplando la posibilidad de que fueran electos por voto directo y no por acuerdos legislativos; así mismo, buscaba la reducción del financiamiento público a partidos políticos y la reducción del número de legisladores plurinominales, entre otras cosas.

Me parece preocupante que la mayoría de los diputados desecharan la propuesta original del Presidente y que no escucharan las encuestas promovidas por el propio INE, donde la mayoría de los mexicanos estaban a favor de reducir el presupuesto público asignado a los partidos políticos, en destinar menor cantidad de dinero a los organismos electorales, y de que los consejeros y magistrados electorales fueran elegidos por voto directo de la población.

Básicamente, con la aprobación de las modificaciones a las leyes secundarias no hay ninguna inconstitucionalidad porque se está respetando lo mandatado en la Constitución, modificando sustancialmente la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL); evitando así, el despilfarro de recursos, la duplicidad de funciones y la llamada “burocracia dorada”.

Esto es en general lo que contiene el “Plan B” de la reforma electoral y que ya está en la cancha del Senado; el cual, desde mi punto de vista, es conveniente también para evitar que sigan existiendo los “mapaches” electorales, los cuales, afectan a la construcción de garantizar una mejor democracia; aunado de que sienta las bases para que se pueda implementar el voto electrónico en los próximos procesos electorales.