
Opinión José Antonio Rincón
El proceso es esencialmente político-electoral, de manera que en lo que corresponda debe homologarse al que rige en las contiendas de los demás cargos de elección popular.
Los tratan como partidos políticos pero con más cargas y nada de beneficios y la paridad se altera con un reglamento que se aparta de la norma principal.
Ojalá haya un valiente que las impugne.
Sabidos de que la ley es la ley y debe cumplirse, aun cuando no esté uno de acuerdo con la misma, el lunes pasado comenzaron las campañas para los candidatos a magistrados y jueces en el estado.
El grupo de candidatos que seleccionaron los comités de los tres poderes, si bien no es tan numeroso, el sistema sí resulta complejo para la ciudadanía votante que no tiene conocimiento de quiénes son y realmente qué es lo que hace un juzgador y cómo sufragar.
El proceso es esencialmente político-electoral, de manera que en lo que corresponda debe homologarse al que rige en las contiendas de los demás cargos de elección popular.
La normativa es altamente desequilibrada para las candidaturas a magistrados y jueces, lo que vulnera el principio de igualdad y por tanto los derechos político electorales.
En una primera vista puede uno encontrar lo siguiente:
A las candidaturas las considera no sólo como tales, lo que es lógico, sino como un partido político en cuanto a sus obligaciones, pero no con relación a sus derechos.
Para comenzar, los candidatos no tienen ni pueden tener una estructura político electoral que los respalde ni un mínimo financiamiento público o privado. En esas circunstancias y como todo en la vida tiene un costo, cómo pueden sufragar los costos de una campaña, si por lo que se aprecia las personas contendientes viven de sueldos apenas decorosos, pero eso sí la fiscalización amenazante.
Veremos campañas paupérrimas o también el riesgo de que se involucren intereses ajenos a la judicatura.
No se permiten mítines ni que dos candidatos a la par hagan campaña.
Ojalá los candidatos diseñen campañas que sean creativas, austeras e interesantes de acercamiento con los votantes.
El hecho de que el Tribunal Federal Electoral en sentencia de votación dividida haya dado luz verde para que los entes estatales promuevan el proceso electoral es prueba de que no hay igualdad con los otros procesos electorales en cuanto a las campañas. Sin embargo, cabe la preocupación de que esos entes estatales que tienen vasta experiencia en esos lides y recursos, aprovechen para dirigir a los votantes a los candidatos de su interés.
Otro aspecto que llama la atención es la paridad. En el proceso judicial no existe lo que en las cámaras y ayuntamientos se llana sistema de representación proporcional o plurinominal.
Dicho sistema diseñado para hacer real la representación derivada del número de votos que los partidos obtienen, no alterando los triunfos de los candidatos por mayoría o uninominales, donde es imposible que la paridad rija, pues gana el que tiene más sufragios.
El sistema de representación proporcional de listas permite a las autoridades electorales la asignación ya de diputaciones ya de regidurías para hacer efectiva la paridad.
En este caso, la autoridad electoral administrativa que es la que organiza las elecciones ha dictado lineamientos, porque ese tipo de autoridades tiene reglamentitis, para hacer paritario el resultado comicial, lo cual implica que en algún caso desdeñará el voto ciudadano que obtuvo algún candidato.
Lo correcto es que las propuestas por cargo sean de puras mujeres y otras de puros hombres, lo que así se hará en la elección de 2027.
Lo señalado en la materia de las campañas y la asignación de triunfos, es posible que se combata ante tribunales.
Es tiempo de que los candidatos que son abogados y muchos de ellos con experiencia jurisdiccional, hagan uso de las herramientas impugnativas en defensa de sus derechos político electorales y del voto ciudadano, sin que ello implique ir contra la paridad.
Es necesario precisar que la paridad va porque va, pero la cuestión es que el instituto electoral altera las reglas por lo siguiente: en esta elección, dice la norma, se respetarán los triunfos de hombres o mujeres y en el caso de que quede impar, en el 2027 necesario se hará paritario, supongo que postulando a puras mujeres en los cargos que faltarían a ese género.
Así es como debía de ser y fue la propuesta al Consejo General del IEEZ, tanto es así que hubo un empate y el presidente con su voto de calidad, alteró la normativa principal.