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Julieta del Río.
Las tres vacantes no son un trámite administrativo; son decisiones estratégicas que definirán el rumbo de la institución encargada de garantizar la imparcialidad de las elecciones y la confianza ciudadana en la democracia mexicana.
Julieta del Río
El pleno de la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para elegir a tres nuevas o nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes reemplazarán a quienes concluyen su gestión el próximo 4 de abril.
Para ello se conformará un Comité Técnico de Evaluación, figura clave en este proceso y en la que, en su momento, el Instituto Nacional de Transparencia tenía participación en la toma de decisiones. Hoy, ese espacio también obliga a reflexionar sobre la importancia de garantizar perfiles verdaderamente independientes.
Se trata de un proceso que debe encender alertas y generar atención pública. La convocatoria establece requisitos claros: las y los aspirantes no deben haber sido candidatos ni haber ocupado cargos partidistas en los últimos cuatro años, ni contar con antecedentes penales o ser deudores alimentarios morosos. Estos criterios buscan asegurar perfiles íntegros, pero no son suficientes por sí solos.
Las tres vacantes no son un trámite administrativo; son decisiones estratégicas que definirán el rumbo de la institución encargada de garantizar la imparcialidad de las elecciones y la confianza ciudadana en la democracia mexicana.
El INE llega a este momento en un contexto complejo. Los debates sobre las reformas conocidas como Plan B y Plan C, así como las propuestas para reducir su estructura y limitar su autonomía, han generado preocupación entre especialistas y la sociedad. A ello se suma una percepción de desgaste institucional: algunos consejeros han sido señalados por actuar con cercanía a intereses políticos, lo que ha afectado la credibilidad del órgano electoral.
Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿cómo garantizar que quienes lleguen no reproduzcan los mismos vicios? La designación de consejeros no puede responder a cuotas ni a cálculos políticos. La transparencia y la independencia deben ser condiciones innegociables.
El proceso de evaluación debe ser abierto y verificable. Exámenes, ensayos y entrevistas tendrían que estar disponibles para observadores independientes, academia y sociedad civil. La ciudadanía debe conocer los criterios de selección y los resultados de cada etapa.
Asimismo, deben privilegiarse perfiles técnicos y apartidistas, con experiencia en derecho electoral, administración pública y fiscalización. La independencia no puede ser un discurso: debe acreditarse en la trayectoria de quienes aspiren al cargo.
En paralelo, es indispensable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas al interior del INE, mediante auditorías externas y reportes públicos periódicos que aseguren el uso adecuado de los recursos.
El INE no es un órgano más del Estado: es una pieza fundamental de la democracia mexicana. Cada elección, cada voto y cada resultado dependen de su autonomía. Si las decisiones se toman sin transparencia o se debilita su estructura, el impacto será profundo y duradero.
Hoy, legisladores, sociedad civil y medios de comunicación deben actuar como contrapeso y vigilancia. México necesita un INE fuerte, independiente y transparente. La elección de estos tres consejeros no es solo un proceso institucional: es una prueba del compromiso con la democracia y con el futuro del país.
@julietdelrio
