En México tenemos la mala costumbre de convertir cualquier investigación penal en una batalla política. Antes de conocer las pruebas ya hay culpables e inocentes; antes de que un juez se pronuncie, las redes sociales ya dictaron sentencia. Y eso, lejos de fortalecer a la justicia, la debilita.

El caso de Ernesto Ruffo Appel es el ejemplo más reciente. Desde distintos sectores de la oposición, e incluso el expresidente Vicente Fox, se ha insistido en que el exgobernador de Baja California es víctima de una persecución política. Es una afirmación grave y, precisamente por ello, no puede hacerse a la ligera.

Sostener que una persona es perseguida políticamente exige el mismo rigor que acusarla de haber cometido un delito. Ninguna de las dos afirmaciones puede descansar únicamente en discursos, simpatías partidistas o tendencias en redes sociales.

En un Estado de derecho, el Ministerio Público no puede llevar a una persona ante un juez sólo porque sea un personaje incómodo o porque exista presión mediática. Debe presentar datos de prueba suficientes para sustentar la imputación. A su vez, un juez sólo puede vincular a proceso cuando advierta que existen indicios razonables sobre la posible comisión de un delito y la probable participación del imputado. No basta una sospecha; tampoco una narrativa política.

Del mismo modo, tampoco basta afirmar que todo obedece a una persecución política para descalificar un procedimiento penal. Si alguien sostiene que las instituciones están siendo utilizadas con fines políticos, también debe aportar elementos objetivos que respalden esa afirmación. De lo contrario, el debate deja de ser jurídico para convertirse en un intercambio de consignas.

Esa es precisamente la fortaleza del sistema de justicia. Si la Fiscalía considera que existen elementos para imputar un delito, deberá presentarlos ante un juez. Si esos datos son suficientes para superar el estándar legal, podrá dictarse una vinculación a proceso. Esa resolución no significa que alguien sea culpable; significa únicamente que existen elementos para que la investigación continúe bajo el control de un juez.

Será durante el proceso donde las partes presenten y desahoguen todas sus pruebas, donde la defensa pueda controvertir las acusaciones y donde el juzgador valore cada elemento conforme a derecho. Sólo al final podrá dictarse una sentencia condenatoria o absolutoria. Así funciona un sistema de justicia; todo lo demás pertenece al terreno de la especulación política.

Lo que resulta preocupante es la velocidad con la que algunos actores políticos han optado por colocar la etiqueta de “preso político” antes de conocer el contenido de la investigación. Vicente Fox y diversas voces de la oposición tienen pleno derecho a cuestionar la actuación de las autoridades. Lo que no deberían hacer es sustituir el análisis jurídico por una conclusión anticipada. Convertir cualquier investigación contra un adversario en persecución política termina siendo tan irresponsable como dar por culpable a alguien antes de que exista una sentencia.

Si la oposición considera que Rubén Rocha Moya debe ser investigado por los señalamientos que pesan sobre él, está en su derecho de exigirlo. De la misma manera, cualquier exgobernador, funcionario o servidor público respecto del cual existan datos de prueba suficientes para presumir su posible participación en un hecho delictivo debe ser investigado, sin importar el partido político al que pertenezca.

Lo verdaderamente incongruente sería exigir investigaciones sólo cuando alcanzan a los adversarios y, al mismo tiempo, descalificarlas automáticamente cuando involucran a los propios. El principio debe ser el mismo para todos: donde existan datos de prueba suficientes, la investigación debe seguir su curso; donde no los haya, nadie debe ser sometido a un proceso únicamente por razones políticas. Ese es, en esencia, el Estado de derecho.

Si mañana se demuestra que Ernesto Ruffo fue llevado ante los tribunales sin pruebas suficientes o que el proceso estuvo motivado por intereses ajenos a la justicia, habrá que denunciarlo con toda firmeza. Ningún gobierno debe utilizar el aparato de procuración de justicia para perseguir adversarios políticos.

Pero si la Fiscalía acredita que existen elementos sólidos para sostener la imputación y éstos resisten el escrutinio judicial, entonces el proceso debe seguir su curso y serán los jueces quienes determinen, con base en las pruebas, si existe responsabilidad o si corresponde absolverlo.

Y debo decirlo: el debido proceso no puede convertirse en un argumento de conveniencia. La justicia exige pruebas contundentes para imputar un delito, pero también exige pruebas contundentes para sostener que existe una persecución política.

[email protected]