Debo decirlo… Otra vez los tepehuanos

Hoy, hace ya más de 23 años que el Gobierno de Ricardo Monreal Ávila, enfrento el conflicto de Bernalejo de la Sierra, generado en las inmediaciones del Estado de Durango y Zacatecas. Un problema cuya dimensión social en aquel tiempo significaba la revelación de una forma de hacer las cosas en este país a base de omisiones, salidas fáciles, superficiales e ignorantes a problemas de trascendencia social por parte del Gobierno Federal.

Pues sí, la solución salomónica del Gobierno Federal presidido en aquel entonces por Ernesto Zedillo, quien mediante un decreto expropiatorio extinguió un ejido, sus raíces, sus muertos, sus casas, su iglesia y en general toda la cultura que habían generado en los últimos 100 años sus habitantes obligándolos a abandonar todo ello y a dispersarse como comunidad en distintas regiones Estado y del País.

Todo ello, para dar salida a un conflicto que surgió por la invasión de tierras ejidales por parte de la comunidad indígena Tepehuana de Santa María Ocotan y Xoconoxtle, Durango, al ejido Bernalejo de la Sierra, Municipio de Valparaíso, Zacatecas. Quienes aludiendo la recuperación de sus tierras ancestrales se pasaron por alto toda disposición legal y de manera violenta decidieron invadir las tierras ejidales con el aval y complacencia de las autoridades Federales.

Pues bien, aquel hecho que ahora es historia, quedo en la memoria de los Zacatecanos, ya que desarrolló tanto interés social el conflicto, que represento un tema de orgullo y apoyo de la ciudadanía al Gobernador para acompañarlo y defender parte de nuestro territorio ante la embestida del Gobierno del Estado del Durango y del Gobierno Federal cuya afiliación política era diametralmente distinta a la del entonces Gobernador Monreal Ávila de extracción Perredista,  quienes en uso del poder actuaron de manera irracional y abusiva respecto a la legalidad del Decreto y ejecutaron este en contra del ejido.

Ahora las cosas no son nada diferentes, el pasado mes de noviembre del año 2022 de nueva cuenta, integrantes de la comunidad indígena de los Tepehuanos asentados en el Estado de Durango donde habitualmente reside este grupo, volvieron a invadir tierras de ejidales y de pequeños propietarios asentados en el Municipio de Valparaíso, Zacatecas, cuyos títulos de propiedad y carpeta básica ejidal se encuentran legalmente en orden y al corriente en el pago de sus impuestos y derechos y de nueva cuenta, como es costumbre de este tipo de invasiones, el grupo indígena argumenta que son tierras de sus ancestros y que por derecho natural les corresponde, sin acreditar legal y documentalmente su propiedad.

Es común y constante este tipo de acciones por parte de la comunidad indígena Tepehuana, invadir territorios, so pretexto de que son propietarios originales y con ello, sus líderes logran ganancias económicas muy rentables al explotar bosques y recursos naturales de los afectados sin que ninguna autoridad los detenga. Pues su actuar es recurrente como según consta en la nota periodística del diario la jornada del día 28 de febrero del 2008, que da cuenta de que…. “los Tepehuanos invaden otra vez el ejido Luis Echeverría” además refiere la nota, apropiándose no solo de las tierras de cultivo y bosques si no  de las casas de los propietarios mestizos. Tal como ocurrió en el año 2002 en Zacatecas.

Estas acciones violentas de invasión y despojo constitutivas de delitos, cometidos por las comunidades indígenas que hoy enfrentan habitantes del Municipio de Valparaíso, requieren de una respuesta inmediata y categórica del Gobierno Federal, pues no es legítimo invocar la vulnerabilidad de los grupos indígenas en nuestro País, cuando estos se encuentran manipulados por líderes que obtienen beneficios personales y que reivindican derechos inexistentes hoy en día, chantajeando a los gobiernos con acudir a instancias internacionales para hacer valer estos supuestos derechos, para tal propósito es necesario emprender acciones eficaces y de operación política y jurídica para tal efecto se propone:

1. La participación del Gobierno del Estado de Durango, a efecto que en uso de las herramientas políticas del Ejecutivo, identifiquen a los líderes que con evidente manipulación realización estas acciones violentas engañando a la población indígena con un claro interés económico y concientizar del uso de los mecanismos legales, en caso de requerir superficies mayores de tierra para su población, sin vulnerar los derechos de terceros.
2. Continuar exigiendo por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas, una posición firme del Gobierno Federal a esta problemática, invocando los acontecimientos históricos de los que fueron víctimas los ejidatarios y de las acciones perversas, ilegales y de mala fe de los Gobiernos Federales que han afectado a sus habitantes, obligando a soluciones basadas principalmente en el marco de la legalidad.
3. El Gobierno Federal de la Cuarta Transformación, está obligado a poner un alto, de una vez por todas a estos grupos seudoindigenistas, que al amparo de la vorágine mundial de la protección de los derechos de los grupos originales y la manipulación de que son objeto por sus líderes, se pasan por alto derechos de mestizos legalmente adquiridos y respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más aún que en este momento cuando el Gobierno Federal y el Estatal comparten la misma filiación Política, es menester resolver conforme a derecho y no como lo hacían los gobiernos Federales anteriores de los cuales fueron víctimas los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra.

Sin duda, una oportunidad histórica para que los Gobiernos de la 4T Federal y Estatal, contribuyan en el establecimiento del estado de derecho y con ello, evitar la manipulación de la que han sido objeto otra vez los Tepehuanos.

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