Debo Decirlo… La Tremenda Corte…

Una de las grandes discusiones que en este momento se llevan a cabo en nuestro país, es la reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, sin duda, envalentonado por los resultados electorales del pasado 2 de junio, prepara su estrategia para concluir su sexenio con un andamiaje jurídico que heredera a la presidente electa Claudia Sheinbaum para que continúe con lo que se ha llamado, el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Quizá a muchos de los que integran el poder judicial federal, Ministros, Consejeros, Magistrados, Jueces y demás personal operativo de dicho poder, así como de los Tribunales locales en los Estados de la República, no les gusta mucho la idea de una reforma a su espacio laboral, de poder o de simple confort, pues es legítimo reclamar e incomodarse de algo que para ellos tiene -un normal funcionamiento- desde una perspectiva interna, pues como se ha dicho la gran mayoría de los trabajadores del poder judicial – no todos, por supuesto- son gente formada en la disciplina jurisdiccional, que a menudo requiere un sacrificio personal, familiar, social y laboral para el cumplimiento de la función de administrar justicia.

Sin embargo, debemos dejar de lado aquella idea burda de que la reforma es una venganza impulsada por el ejecutivo, es indubitable que existe la necesidad de llevar a cabo una reforma sustancial que aleje al Poder Judicial y de algunos de sus miembros de los poderes fácticos que tanto han influido en sus funciones, como arma política y económica como lo hemos visto durante los últimos años.

Tanto ministros, consejeros, magistrados y jueces, coinciden en la necesidad de una reformar estructural, así como en la existencia de malas praxis dentro del servicio profesional de carrera, pues es innegable la existencia de redes de corrupción al interior del poder judicial federal amiguísimo, nepotismo y colusión de algunos cuantos que vician el sistema de justicia en perjuicio de ministros, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta que, de manera honesta, transparente y con compromiso social realizan su trabajo sin comprometer su ética profesional.

Es imprescindible el dialogo y la cooperación para así perfeccionar las propuestas planteadas por el Ejecutivo Federal, un debate fructífero y respetuoso que lleve a construir una reforma incluyente que represente el deseo de la ciudadanía por obtener un sistema de justicia eficaz, imparcial, honesto y confiable, siempre respetando la autonomía e independencia entre los poderes.

Es necesario revisar los procedimientos propuestos ya que pueden ser inviables en aras de la democracia, pues no en todas las funciones del estado opera esa primicia de la elección popular, desde mi punto de vista la elección de magistrados y jueces no debe llevarse a cabo bajo este procedimiento, pues pondría en duda la capacidad de los elegidos,  como pasa actualmente en la elección de senadores y diputados, que no siempre son los más aptos para desempeñar los cargos que asumen, con muy contadas excepciones. Y, por el contrario, seria pertinente aplicar este procedimiento democrático de elección popular en la asignación de ministros, pues son ellos los que definen en última instancia una situación jurídica concreta en nuestro país y su actuación no debe obedecer a otro interés más que a lo que mandata el voto popular, estableciendo sanciones severas a su incumplimiento.

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