Debo decirlo… La movilidad en Zacatecas. Un derecho irrenunciable

El Derecho Constitucional de todo ciudadano inconforme para denunciar, restaurar y/o exigir el reconocimiento de un derecho por parte de la autoridad, consagrado en el artículo 6to de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referido como libertad de expresión tienen sus límites. Pues no es posible jurídicamente exigir un derecho, obstaculizando o violando el de un tercero.

Sin duda alguna, que la mayoría de los que habitamos esta ciudad capital y zona conurbada, en las semanas recientes nos hemos visto perjudicados en nuestro derecho a la movilidad y perturbada la actividad pacífica y cotidiana de la ciudad, debido a los bloqueos de las principales vialidades y constantes amenazas por medio de las redes sociales, donde se advierte de una alteración futura en la movilidad. Todo ello, realizado por distintos grupos inconformes con el quehacer de la autoridad, ya sea esta local o federal.

No se niega el derecho de denunciar o exigir en la vía pública, siempre y cuando sea este pertinente y ajustado a la norma constitucional, el conflicto se advierte mayor, cuando las autoridades no atienden, dialogan o resuelven las demandas que exigen los inconformes, lo que origina que estos radicalicen sus estrategias y con ello alteran la paz y la tranquilidad social, impidiendo o violando a terceros un derecho.

La medida asumida por la Autoridad Estatal el día de ayer lunes 28 agosto, ante la amenaza de radicalización de un grupo inconforme, quien amenazó con la paralización de la movilidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe en un día, en el cual era crucial para la vida cotidiana de los ciudadanos que habitan esta ciudad, pues además, se trataba del inicio del ciclo escolar 2023-2024, lo que implicaba un verdadero caos social y un vacío de autoridad al no actuar ante dichas amenazas, por ello, fue pertinente y eficaz, cumplir con la obligación constitucional de garantizar el libre tránsito y movilidad de todos los ciudadanos, así como sancionar conductas que pueden ser constitutivas de delitos.

Según la información proporcionada por la autoridad Estatal para tomar dichas acciones, dijo haber atendido las demandas de los inconformes en una mesa de dialogo, sin que hayan llegado a acuerdo alguno, además que se trató de persuadir de no continuar con los bloqueos y daño a terceros, todo ello, sin tener respuesta alguna, por lo que se llevó a cabo el operativo en las primeras horas, cumpliendo con los protocolos de actuación de la policía y sobre todo el respeto de los derechos humanos de los inconformes en el retiro de campamentos que mantenían en algunas vialidades, Todo ello, hasta el momento de escribir esta columna, no se tenía información que contradijera esta versión.

Pues hubo bastantes voces en redes sociales que criticaron la no actuación de la autoridad, cuando sufrieron la desesperación de encontrarse atrapados en un bloqueo, de no llegar a tiempo alguna audiencia o cita médica o que dichas acciones les causaron pérdida económica o simplemente de su tiempo ante la complacencia de la autoridad de no actuar y/o aplicar la ley.

La disyuntiva hoy queda para la autoridad, en el sentido de que, si en lo sucesivo se aplicara el mismo criterio de desalojo y ejercicio de acciones legales en contra de quienes haciendo uso de un Derecho Constitucional radicalicen su actuación obstruyendo o bloqueando vías de comunicación en perjuicio de terceros. Sean estos, productores agrícolas, maestros, médicos y/o cualquier ciudadano inconforme con una política pública o simplemente en desacuerdo con la autoridad. De ser así, significaría estar iniciando una nueva etapa del respeto a la norma jurídica y el ejercicio pleno del Estado de Derecho como un principio irrenunciable de todos los ciudadanos.

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