El artículo de Reuters: verosímil, pero sin pruebas

El miércoles pasado, a las 8:30 PM (Centro) la agencia noticiosa Reuters difundió un artículo firmado por su corresponsal en México, Diego Oré, que de inmediato provocó un revuelo en medios, redes sociales y pasillos políticos. Según Oré, cuatro fuentes anónimas “familiarizadas con el asunto” le aseguraron que el gobierno de EEUU presiona al de México para investigar e incluso extraditar a políticos de Morena supuestamente vinculados con el narcotráfico. El artículo menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, entre los funcionarios bajo sospecha.

Hasta ahora, ningún funcionario estadounidense ha confirmado la supuesta petición de investigación o extradición. Tampoco ha aparecido evidencia que respalde las acusaciones. El Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no han dicho nada sobre el asunto. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó categóricamente que EEUU haya hecho tal solicitud.

¿Es creíble el reportaje de Reuters? Sí, en tanto proviene de una agencia internacional con alto prestigio y firmada por un reportero con experiencia. Pero también es cierto que el uso exclusivo de fuentes anónimas resta solidez a cualquier denuncia de este calibre, más aún cuando ningún otro medio —ni estadounidense, ni europeo, ni mexicano— ha corroborado los señalamientos. Es decir: no hay pruebas. Y sin pruebas, ninguna acusación debe darse como cierta.

Ahora bien, que no haya evidencia no significa que sea imposible. La historia reciente de México está plagada de casos que, durante años, fueron solo rumores antes de convertirse en escándalos judiciales. Genaro García Luna, Mario Villanueva, Tomás Yarrington, Javier Duarte… la lista es larga. Se sabe que la corrupción en todos los niveles del poder es un mal sistémico. También es conocido que los cárteles operan mediante sobornos, amenazas y pactos de impunidad y que el dinero del fentanilo y otras drogas, abundante y letal, ha penetrado estructuras municipales, estatales y federales.

Por eso, el reportaje no debe aceptarse como verdad confirmada, pero tampoco descartarse por completo. Es verosímil. Más aún cuando las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo fueron revocadas por EEUU. Eso no es una prueba de culpabilidad, pero sí una señal diplomática significativa.

Desde la noche del miércoles, la oposición utiliza el artículo para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Trump sigue usando el tema del narcotráfico como pretexto para justificar sus aranceles y, con fines claramente electorales, seguir con su discurso agresivo contra México. Las acusaciones —aunque infundadas por ahora— resultan útiles: allá, para endurecer la retórica contra nuestro país; aquí, para reforzar la narrativa opositora del “narcoestado”.

La realidad es incómoda: no se puede dar por cierta una denuncia sin pruebas, pero tampoco se puede descartar su verosimilitud en un país donde la corrupción y la colusión con el crimen organizado son habituales. Lo responsable no es amplificar rumores ni negarlo todo por reflejo partidista, sino exigir pruebas, transparencia y consecuencias. Todo lo demás —acusaciones sin sustento o negaciones automáticas— es propaganda.

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