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Opinión Nubia Barrios
Los paros magisteriales tienen causas que no deben ignorarse pues detrás de cada movilización existen demandas laborales, económicas y de seguridad social que los docentes consideran legítimas.
Hace unos días, platicaba con una persona que me comentaba que su hija tiene más de un mes sin clase, que la primera semana sin clase, le mandaron una libreta de apuntes con algunos ejercicios para realizar, sin embargo, posteriormente ya no les hicieron llegar nada más. Me comentó que esta semana iniciaron clase de nueva cuenta, pero únicamente para “ensayar” el cierre de ciclo escolar, lo que me hizo reflexionar sobre esta situación que está impactando directamente a miles de niñas, niños y adolescentes que han visto interrumpido su derecho a recibir clases, concluir el ciclo escolar con la certeza de que sus calificaciones, certificados y próximos pasos académicos están adecuados al aprendizaje del año escolar que cursaron.
Los paros magisteriales tienen causas que no deben ignorarse pues detrás de cada movilización existen demandas laborales, económicas y de seguridad social que los docentes consideran legítimas, sin embargo, los estudiantes no pueden convertirse en la parte olvidada de una disputa que les es ajena, pues cada día que transcurre sin ir a clase representa una pérdida de aprendizaje que no les es repuesta, especialmente para quien vive en comunidades rurales, hogares con dificultades económicas o familias que no cuentan con herramientas para reforzar el aprendizaje en casa.
Han sido cientos y miles de estudiantes afectados y considerando que la educación es un derecho legítimo no sólo una obligación administrativa además de una herramienta de prevención de violencia, de formación ciudadana, de construir oportunidades.
Cuando una escuela se cierra no sólo se suspende la clase de matemáticas, español o ciencias, también se cierra un espacio de convivencia y de acompañamiento para muchas familias, por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de no minimizar las demandas del magisterio ni postergar soluciones, así como también, los liderazgos sindicales deben reconocer que la defensa de sus derechos laborales no puede deslindarse del compromiso primordial con los estudiantes. No se trata de elegir entre maestros y alumnos, así como tampoco se trata de regresar a las aulas como si nada hubiera ocurrido para “ensayar” el cierre de ciclo escolar, pues pensemos en los estudiantes con mayor rezago.
La educación no puede ponerse en pausa, no en perjuicio de los estudiantes, todo es cuestión de voluntad política y diálogo. Cuando la educación se detiene el futuro y crecimiento de un país y de un estado también se pone en pausa.
