Austeridad: entre el discurso y la realidad

Julieta del Río

Desde hace algunos años, la palabra “austeridad” ha ganado protagonismo en el discurso público en México. Se menciona con frecuencia, se utiliza como bandera política, y, a menudo, se presenta como la solución a diversos problemas económicos y sociales. Sin embargo, rara vez se reflexiona sobre su verdadero significado y, sobre todo, sobre cómo debe aplicarse de manera responsable para no afectar el funcionamiento del Estado ni los derechos de las personas.

Austeridad no debe entenderse como un debilitamiento de las instituciones ni como una condena a operar con lo mínimo indispensable. No se trata de trabajar sin herramientas, sin insumos básicos o en condiciones precarias. Una austeridad bien entendida implica inteligencia administrativa: reducir los gastos innecesarios, simplificar procesos, aprovechar la tecnología, mejorar la atención ciudadana y optimizar la gestión pública.

Hablar de eficiencia no tiene sentido si se priva a las dependencias de recursos esenciales, como papelería, equipos de cómputo actualizados o sistemas de seguridad informática adecuados. Las instituciones públicas resguardan millones de datos personales de los ciudadanos, y la falta de inversión en seguridad tecnológica, como lo han señalado informes de la Auditoría Superior de la Federación, ha generado vulnerabilidades graves. Las filtraciones de información sensible demuestran que recortar sin criterio puede resultar mucho más costoso que invertir con responsabilidad.

Actualmente, se están llevando a cabo reformas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de reconocer expresamente el acceso al agua potable en los centros de trabajo como un derecho laboral, al igual que los permisos por situaciones familiares, como el fallecimiento de un ser querido. Que estos derechos deban ser plasmados en la ley refleja una realidad preocupante: la austeridad, tal como se entiende hoy, se ha utilizado como justificación para negar lo más básico, como el acceso al agua potable durante la jornada laboral.

Es inevitable recordar que, en instituciones como el extinto INAI, muchos de estos derechos ya estaban contemplados en los reglamentos internos. Aquellas personas que contraían matrimonio o pasaban situaciones personales o familiares críticas, o quienes acumulaban años de servicio, contaban con permisos y derechos claramente establecidos. Lo mismo ocurría con el acceso al agua potable, que nunca se vio como un gasto excesivo, sino como una necesidad básica.

La austeridad también tiene una dimensión ética. Ser servidor público implica actuar con responsabilidad, evitando los excesos. No obstante, esto no debe traducirse en renunciar a una vida digna ni a condiciones laborales adecuadas. Trabajamos para vivir mejor, para ofrecer mejores oportunidades a nuestras familias. Vivir bien, cuando se hace con honestidad, no es inmoral. El verdadero problema surge cuando hay simulación y ves constantemente en redes sociales, a quienes presumen de austeridad en viajes, lujos, aguinaldos a legisladores hasta más del doble de su sueldo, a diferencia de un trabajador que recibe 15 días por ley.

@Julietdelrio