Actos anticipados y los no deseables malabares del Tribunal Electoral

Muchas de las impugnaciones que llegan a la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder judicial de la  Federación, máximo órgano de justicia electoral de la República, tienen en vilo al país, pues de su decisión depende una candidatura o hasta la nulidad de una elección. Esa instancia ha anulado candidaturas y elecciones a gobernador. Ejemplo de las primeras es lo que aconteció en la última elección en el estado de Guerrero; de las segundas, creo que la última fue Colima.

Esas decisiones son cuestionadas, porque se considera que enmiendan la plana a la voluntad ciudadana, pero lo que sucede es que la Constitución es la que le otorga esas facultades para preservar  elecciones libres y auténticas, que son los principios democráticas más sobresalientes.

En el proceso para renovar el año próximo la presidencia de la República, que legalmente no inicia sino hasta septiembre, corre en estos días un proceso en el partido morena del presidente, que sin duda alguna tiene como fin definir a su candidato.  Se trata de un proceso que corresponde a la vida interna de ese instituto político y lo deseable sería que no hubiera intromisiones de la autoridad. Sin embargo, un partido político es una entidad de interés público y como institución de derecho está obligado a cuidar que su vida interna se rija por la ley. Si esto no ocurre, es perfectamente legal que puedan intervenir las autoridades electorales, precisamente para obligarlo a que se conduzca por los cauces legales, porque al constituirse como partido político, escribió en sus estatutos su apego a la constitución y a  sus leyes.

El proceso interno de morena es una verdadera precampaña y campaña, como bien  lo declaró el obispo de Zacatecas el pasado domingo, que quiebra el principio constitucional de equidad en la contienda, porque seis personas recorren la República realizando reuniones y mítines en lugares públicos donde les gritan “presidente” o  “presidenta” y ellos se desgañitan hablando de la cuarta transformación, emblema del régimen que gobierna México, sin contar las bardas y espectaculares que inundan la el territorio  nacional con sus nombres,  todo lo que a diario sale en la redes sociales y medios. Eso es proselitismo y no actos meramente partidistas. Y aunque oficialmente se dice que el proceso interno es para ocupar un cargo partidista, nadie duda que es para elegir a  su candidato a la presidencia. Los eufemismos que se utilizan de nada sirven para enmascarar la realidad. La prueba está en qué en las reseñas, los medios de comunicación tratan la cuestión como una lucha interna para definir al candidato del mencionado partido, porque esa es la pura y puritita verdad.

Por la naturaleza de la lucha política, se requieren normas menos prohibitivas, pero es que los propios políticos las hicieron, fincando, como es sabido, un sistema atiborrado de restricciones porque está basado en la desconfianza que prohijó el priismo.

Ante el alud de impugnaciones que han  propiciado los actos anticipados, la comisión de quejas y denuncias  del INE dio la bendición a lo que andan haciendo las llamadas corcholatas, con el voto particular de la consejera Claudia Zavala.

Movimiento Ciudadano, acaba de impugnar esa decisión; no sé qué malabares vaya a hacer el Tribunal Electoral, si es que decide confirmar la decisión del INE.  Aquí veremos de qué está hecho.

Y como el presidente es quien ha marcado los tiempos y los métodos de su propia sucesión, todo pinta a que los opositores marchan a su ritmo, (a excepción de Movimiento Ciudadano), lo que hace posible que incurran en las mismas infracciones normativas. Y si esto así fuera, ¿con qué legitimación impugnarían?

Un principio general del derecho dice que nadie puede invocar su propio dolo.

Esto se pone bueno y atentos estaremos..

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