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Julieta del Río.
Con frecuencia existe la percepción de que las medidas de protección representan un privilegio para quienes las reciben.
Julieta del Río
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue publicada el 25 de junio de 2012 con el propósito de que el Estado mexicano asumiera la responsabilidad de proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en contextos de riesgo.
Catorce años después, la realidad sigue mostrando un panorama preocupante. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos evidencian que garantizar plenamente la libertad de expresión sigue siendo una tarea pendiente.
Con frecuencia existe la percepción de que las medidas de protección representan un privilegio para quienes las reciben. En realidad, son consecuencia de riesgos reales y, en muchos casos, la única posibilidad de continuar informando o defendiendo derechos sin quedar completamente expuestos a la violencia. Cada escolta, botón de pánico o esquema de seguridad recuerda que ejercer estas actividades puede convertirse en una labor de alto riesgo.
La situación no se limita al gremio periodístico. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brinda actualmente medidas de protección a más de 2 mil personas, entre periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Estas cifras reflejan que miles de personas continúan requiriendo acompañamiento institucional para desarrollar actividades que, en una democracia, deberían poder realizarse con plena seguridad.
La transparencia y el acceso a la información han permitido dimensionar mejor esta problemática. Hoy existen más registros y evidencia documentada sobre las agresiones. Gracias a ello es posible conocer con mayor precisión la magnitud de un fenómeno que durante años permaneció insuficientemente visibilizado.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional Artículo 19, el año pasado se documentaron 451 agresiones contra la prensa en nuestro país. La cifra confirma que la violencia contra quienes informan continúa siendo una realidad que exige atención permanente.
Al mismo tiempo, persisten preocupaciones sobre algunas disposiciones legales aprobadas en distintas entidades federativas que han generado alertas por posibles interpretaciones ambiguas o aplicaciones discrecionales. El riesgo es que puedan utilizarse para inhibir la crítica pública o generar incertidumbre sobre los alcances de la libertad de expresión.
Opinar diferente no significa estar en contra. Cuestionar no significa atacar. Expresar preocupaciones no implica deslealtad. La pluralidad de ideas es una fortaleza democrática, no una amenaza. Proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos es proteger también el derecho de la sociedad a informarse, participar y exigir rendición de cuentas.
Las fechas conmemorativas deben servir para evaluar resultados. La pregunta sigue vigente: ¿están hoy más seguros los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos?
La respuesta debe reflejarse en menos agresiones, menos amenazas y menos personas obligadas a vivir bajo esquemas de protección. Porque una ley de esta naturaleza no se mide únicamente por lo que establece en el papel, sino por los cambios que logra generar en la realidad. A catorce años de distancia, la deuda continúa.
@julietdelrio
