Suecia alquilará espacios carcelarios en Estonia

SUECIA.- El gobierno de centroderecha en Suecia, con apoyo parlamentario de la extrema derecha, ha anunciado planes para alquilar espacios carcelarios en Estonia a fin de aliviar el hacinamiento de sus cárceles nacionales.

Suecia, país reconocido durante décadas por su enfoque rehabilitador en materia penal, está dando un giro radical hacia políticas punitivas ante una crisis de violencia sin precedentes.

Habrá una serie de cambios destinados a transformar el sistema de justicia penal sueco, mientras las autoridades luchan por contener una ola de violencia de pandillas y las prisiones advierten que operan muy por encima de su capacidad.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia de Suecia instruyó al servicio penitenciario (Kriminalvården) a “realizar los preparativos necesarios” para concretar el acuerdo con Estonia. En junio, Estocolmo y Tallin firmaron un convenio mediante el cual hasta 600 plazas penitenciarias en la prisión de Tartu, Estonia, estarán disponibles para reos suecos.

El plan —que requiere aprobación de los parlamentos de ambos países— permitiría trasladar a presos condenados mayores de 18 años (por delitos graves que van de homicidio a delitos sexuales) a esa cárcel en Estonia a partir de 2026.

El objetivo declarado es aliviar la “situación de crisis” por hacinamiento que afrontan las cárceles suecas, según Joakim Righammar, jefe de personal del sistema penitenciario.

El acuerdo con Estonia fue calificado como “un paso importante para aliviar la presión” sobre el saturado servicio penitenciario sueco, según el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer.

“Para que funcione en la práctica, se requieren preparativos minuciosos. Es crucial que todo, desde la seguridad y la certeza jurídica hasta la cooperación con las autoridades estonias, esté listo para funcionar correctamente cuando el acuerdo entre en vigor”, añadió Strömmer, enfatizando la necesidad de garantizar condiciones adecuadas en la operación transfronteriza.

Un cambio de paradigma: de la rehabilitación al castigo

Durante los últimos años, ante el aumento de delitos violentos ligados a las pandillas, las autoridades suecas han aprobado penas más duras y reducido la indulgencia que caracterizaba a su sistema penal.

Según un informe reciente de Kriminalvården, la población carcelaria sueca podría crecer de unos 7 mil 800 reclusos actualmente a 41 mil en 2034 en el escenario más extremo, impulsada por políticas punitivas promovidas por la derecha radical. Incluso estimaciones oficiales más conservadoras proyectan alrededor de 30 mil presos en la próxima década, lo que supondría cuadruplicar la cifra actual.

Este salto contrasta con la realidad de hace solo una década, cuando Suecia llegó a cerrar prisiones por falta de reclusos gracias a la baja criminalidad y a sus políticas orientadas a la rehabilitación. Hace una década, la baja delincuencia permitió incluso cerrar cuatro cárceles por falta de reclusos en Suecia, fruto de un modelo penal enfocado en la reinserción.

Hoy, sin embargo, el panorama se ha invertido: las cárceles suecas están desbordadas, operando con una tasa de ocupación del 141% (7 mil 300 internos alojados en 5 mil 235 plazas a mayo de 2025). Aun habilitando espacios provisionales, el sistema se encuentra casi al límite de su capacidad.

Expertos señalan que el hacinamiento y la expansión carcelaria son síntomas de un cambio político profundo. “Si consideramos tener 40 mil presos, 600 celdas no servirán de mucho”, advierte Emelí Lönnqvist, investigadora de política criminal y sistemas penitenciarios nórdicos en la Universidad de Estocolmo.

Lönnqvist sostiene que Suecia está abandonando su tradición rehabilitadora para centrarse en el castigo y el encarcelamiento, una estrategia que a su juicio busca complacer a los sectores de ultraderecha.

“Es aterrador que todo esté sucediendo sin mucho debate”, comenta, describiendo la situación como un viraje hacia un encarcelamiento masivo al estilo de Estados Unidos. “Estamos viendo un encarcelamiento masivo como el que hemos visto en Estados Unidos y sabemos que no funciona. Sabemos que es lo contrario: va a empeorar las cosas”, afirma Lönnqvist, señalando que la evidencia histórica muestra que llenar las cárceles no reduce el crimen

“La noción de estabilidad y un enfoque racional y humano hacia la política criminal, eso simplemente ha desaparecido en Suecia en este momento”, agrega, lamentando la pérdida del consenso que primaba en el país sobre una justicia penal humana.

Menores en las pandillas y endurecimiento de penas

Otra señal del endurecimiento del sistema es el creciente número de menores encarcelados por largos periodos. En años recientes, las autoridades suecas comenzaron a imponer penas de 10 años o más a adolescentes de apenas 15 años de edad por delitos graves.

El gobierno planea inaugurar en 2024 las primeras prisiones especiales para jóvenes (hasta ahora los menores cumplían un máximo de cuatro años en centros juveniles). También ha planteado bajar la edad penal de 15 a 14 años, iniciativa que la oposición socialdemócrata apoya y que la ultraderecha querría incluso hasta los 13 años.

Este endurecimiento legal busca responder a la realidad de pandillas que reclutan a niños y adolescentes para cometer crímenes violentos, aprovechando que, hasta ahora, muchos de ellos no podían ser juzgados como adultos.

Olle Jonasson, pastor en Estocolmo que trabaja con jóvenes delincuentes, observa con preocupación estas tendencias. Jonasson suele conversar con chicos de 15 o 16 años detenidos preventivamente por delitos gravísimos —incluso asesinatos— vinculados a pandillas.

Según él, los políticos están demasiado enfocados en castigar a personas vulnerables en vez de rehabilitarlas. La mayoría de los menores que él acompaña no tiene “identidad criminal”, explica, sino que son utilizados como “objetos de un solo uso” por organizaciones criminales. Muchos de “los que ordenan la violencia evaden el castigo en el extranjero”, añade.

“No digo que deban quedar impunes; por supuesto, han cometido estos graves delitos, por lo que deben recibir tratamiento”, aclara el pastor, reconociendo la necesidad de consecuencias. “Pero debemos abandonar esa mentalidad de castigo en lugar de ayudarlos a encontrar una nueva oportunidad”, insiste Jonasson. En su opinión, la sociedad “está pisoteando el eslabón más débil” al cebarse con estos chicos fácilmente manipulables.

Ola de violencia sin precedentes en Suecia

Suecia experimenta una escalada inédita de violencia. En 2022, 63 personas fueron asesinadas a tiros en suelo sueco —la cifra anual más alta jamás registrada en el país—, lo que le otorgó a Suecia la tasa de muertes por arma de fuego per cápita más elevada de la Unión Europea en ese momento.

Gran parte de los crímenes se concentran en vecindarios de las principales ciudades (Estocolmo, Gotemburgo, Malmö, Uppsala) afectados por pandillas rivales. En Estocolmo, la tasa de homicidios con arma de fuego superó ampliamente la de ciudades como Londres.

Además de los tiroteos, Suecia sufre un estallido de ataques con explosivos. Tan solo en enero de 2025 se reportaron aproximadamente 30 explosiones vinculadas a ajustes de cuentas entre pandillas, muchas en áreas residenciales de Estocolmo. Estos atentados con bombas caseras contra viviendas o locales se han vuelto frecuentes, sembrando temor en la población.

La policía sueca advierte que los grupos criminales están reclutando a menores de edad, incluso de 11 años, a través de redes sociales para perpetrar asesinatos y atentados con explosivos.

Las autoridades han endurecido las leyes y dotado a la policía de nuevas herramientas —como mayor vigilancia electrónica, registros ampliados y figuras de testigos protegidos—, además de elevar las penas. En 2024, los tiroteos y muertes por arma de fuego bajaron cerca de un 30% frente al pico de 2022.

Aun así, los expertos señalan que la violencia sigue en niveles excepcionalmente altos para los estándares suecos, y advierten sobre el coste a las libertades civiles de estas medidas.

Debate sobre prevención y rehabilitación

Mientras Suecia se apresta a exportar parte de su población reclusa a Estonia, se reaviva el debate sobre si más cárcel equivale a más seguridad. El gobierno sueco niega que esté avanzando hacia el encarcelamiento masivo ni que esté renunciando a la rehabilitación, y cita el trabajo que ha realizado en prevención del delito.

Voceros del Ministerio de Justicia subrayan que el endurecimiento legal es solo una faceta de una estrategia integral que incluye programas sociales para atajar las causas de la delincuencia. No obstante, críticos como Lönnqvist alertan que las políticas recientes se han impulsado con escaso debate público, a pesar de implicar un viraje histórico en el modelo de justicia sueco.

Suecia enfrenta así un delicado equilibrio entre contener la violencia inmediata y no perder de vista los principios humanitarios de su sistema penal. El plan de enviar reclusos a 400 kilómetros de distancia —cruzando el mar Báltico— ejemplifica hasta dónde está dispuesto a llegar el país para descongestionar sus prisiones.

Si bien el Parlamento sueco se dispone a aprobar el acuerdo con Estonia (que entraría en vigor en el verano de 2026), queda abierta la pregunta de si estas medidas lograrán frenar la violencia sin sacrificar el enfoque rehabilitador que alguna vez hizo famosa a la justicia sueca.

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