La suspensión provisional que detiene temporalmente los actos de traslado de propiedad del Hotel Parador del ISSSTEZAC al Gobierno del Estado de Zacatecas finalmente fue concedida por la justicia federal, pero es importante aclarar que quién encabezó la defensa jurídica que permitió esta determinación no fue el despacho de Jorge Rada, sino el abogado José Antonio Cid Trejo.
Dentro del juicio de amparo 1333/2026, promovido por una derechohabiente del ISSSTEZAC, el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas resolvió conceder la medida cautelar para evitar que el inmueble sea entregado, transferido o sometido a cualquier acto de disposición mientras se analiza el fondo del conflicto constitucional.
La resolución judicial establece una suspensión con efectos conservativos, cuyo objetivo es preservar la situación actual del inmueble y evitar que se concrete una acción que pudiera volver imposible la reparación del derecho reclamado en caso de que la autoridad judicial determine que existieron irregularidades.
En medio de la discusión pública generada por la defensa del patrimonio del ISSSTEZAC, resulta fundamental precisar la representación legal detrás de este “logro” jurídico. La suspensión provisional fue producto de una gestión legal promovida por José Antonio Cid Trejo dentro del expediente referido.
La medida representa solamente una protección temporal y no define todavía quién tiene la razón sobre el destino final del Hotel Parador. Sin embargo, sí impide que se realicen movimientos definitivos mientras un juez federal revisa los argumentos de las partes.
Más allá de intereses políticos o administrativos, este caso demuestra la importancia de que los actos relacionados con bienes públicos sean revisados bajo el marco de la legalidad y con respeto al derecho de quienes forman parte del ISSSTEZAC.

La Auditoría Superior del estado toca la puerta en la UAZ y en la UTZAC
La revisión de posibles incompatibilidades laborales en instituciones públicas de Zacatecas abre un nuevo debate sobre la transparencia, la responsabilidad administrativa y el uso adecuado de los recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado ha iniciado procesos de análisis sobre casos donde trabajadores podrían aparecer vinculados a más de una nómina pública, situación que exige explicaciones claras y documentación oficial.
Uno de los aspectos centrales es el cumplimiento de la cláusula 48 del Contrato Colectivo de Trabajo del SPAUAZ, que establece límites relacionados con la carga laboral de los académicos cuando mantienen otra actividad remunerada. La norma busca garantizar que las responsabilidades institucionales sean compatibles y que las plazas sean desempeñadas conforme a lo establecido.
En este contexto surge el caso de Samuel de Jesús Flores González, quien aparece relacionado con actividades docentes en la UAZ y con la dirigencia sindical de la UTZAC. La revisión deberá determinar si existe una justificación administrativa, como una licencia sindical, y si ésta corresponde con las percepciones y cargas registradas.
La fiscalización debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. La defensa de los derechos laborales debe ir acompañada del compromiso con la rendición de cuentas y el cumplimiento de las reglas que sostienen a las instituciones públicas.
La revisión deberá extenderse con el mismo rigor a todas las instituciones públicas, sin importar jerarquías ni cargos. Si se detectan incompatibilidades, las autoridades tendrán que actuar conforme a la ley. La transparencia no puede ser selectiva: cualquier posible irregularidad debe aclararse para recuperar la confianza ciudadana.

Zacatecas enfrenta retos urgentes de bienestar emocional
Los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autor reportado (ENBIARE) 2025, del INEGI, colocan a Zacatecas frente a una realidad que no puede ser ignorada, ya que sus habitantes reportan bajos niveles de satisfacción con la vida y una preocupante presencia de problemas emocionales como la depresión y la ansiedad.
Aunque los indicadores nacionales muestran una recuperación del bienestar respecto a los años más difíciles de la pandemia, Zacatecas permanece rezagado en aspectos fundamentales de la calidad de vida. El dato más alarmante es que la entidad registra el mayor porcentaje del país de adultos con indicios de depresión, con 16.6 por ciento de su población afectada.
Estos números no deben verse únicamente como estadísticas, sino como señales de una problemática social que requiere atención integral. El bienestar de una sociedad no depende solo del crecimiento económico, sino también de la seguridad, las oportunidades, la salud mental y las condiciones que permiten a las personas construir proyectos de vida.
Los resultados también muestran desafíos en movilidad social, pues casi la mitad de la población considera haber mejorado su situación respecto al hogar donde creció, pero Zacatecas se mantiene entre los últimos lugares nacionales.
Atender esta realidad exige políticas públicas enfocadas en salud mental, generación de oportunidades y fortalecimiento del tejido social. El bienestar de los zacatecanos debe convertirse en una prioridad.

Runrunazos
La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) confirmó mediante un comunicado el segundo caso de miasis por gusano barrenador en humanos. Se trata de un hombre de 50 años de edad, con residencia en el municipio de Pinos. El caso fue confirmado por el Laboratorio de Diagnóstico de la Comisión México-Estados Unidos para la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, el cual se encuentra en el estado de Chiapas. El primer caso fue dado a conocer el 7 de julio y se presentó en un hombre de 76 años, originario del municipio de Melchor Ocampo.