El Runrún: Inseguridad y crisis económica asfixian a empresarios zacatecanos

La realidad que revelan los Censos Económicos 2024 del INEGI es demoledora: más de la mitad de las unidades económicas en Zacatecas señalan a la inseguridad pública como su principal obstáculo.
El dato no es menor: en apenas cinco años, el porcentaje pasó de 31.4 a 50.7 por ciento. Esto confirma lo que los comerciantes, empresarios y trabajadores han gritado por años: no hay condiciones para producir, invertir ni crecer.
Las cifras también dejan al descubierto una tormenta perfecta. No solo es el crimen lo que limita el desarrollo económico, también lo hacen los altos costos de insumos (que pasaron del 19.5 al 39.4%) y la baja demanda (de 22.7 a 36.8%). Es decir, en Zacatecas se trabaja caro, inseguro y para un mercado que consume menos, porque los ingresos han disminuido.
Mientras el discurso oficial presume “mejoras” en percepción, los datos muestran lo contrario: la economía local se asfixia entre violencia y crisis. Las unidades económicas no solo representan negocios; son empleos, ingresos, que se traducen en bienestar para miles de zacatecanos. Si las autoridades siguen ignorando esta alarma estadística, el futuro de Zacatecas será cada vez más incierto y empobrecido. La recuperación no llegará mientras el miedo sea el pan de cada día.

INEGI: De enemigo incómodo a aliado conveniente
Durante años, el INEGI fue blanco de críticas por parte de autoridades que cuestionaban sus cifras sobre la percepción de inseguridad, especialmente cuando Fresnillo y Zacatecas encabezaban la lista de ciudades más temidas del país.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) era tachada de exagerada, alarmista o poco confiable. Hoy, sin embargo, con los nuevos resultados que sacan a Fresnillo del “top 5” y a Zacatecas de los primeros lugares, el mismo gobierno que desacreditaba al INEGI ahora lo celebra y difunde.
Los datos son positivos y reflejan un posible cambio de tendencia, pero también exhiben la actitud oportunista. La institución estadística no cambió su metodología, ni sus objetivos, lo que cambió fue la conveniencia política de los resultados. Este giro discursivo expone que el problema no era la medición, sino la incomodidad de los números.
Reconocer avances es válido, pero no debe hacerse desde la hipocresía. Si el INEGI es confiable hoy, lo fue también cuando los datos dolían. La percepción mejora, sí, pero no es momento de triunfalismos. Más bien, se requiere coherencia institucional, y sobre todo, un compromiso sostenido para que estos resultados se traduzcan en una realidad que se sienta en las calles.

Promesas reiteradas, resultados insuficientes para las familias
Una vez más, las autoridades estatales y federales prometen coordinación, acompañamiento y acciones “reforzadas” para la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, detrás del discurso institucional, persiste una realidad lacerante: la impunidad, la desesperación y la revictimización que viven diariamente los colectivos de búsqueda.
Incrementar el número de búsquedas de 195 a 253 en un semestre no es un logro si los resultados son tan magros: apenas tres personas localizadas, dos con vida. Esto revela la dimensión del problema y la lentitud institucional frente al dolor de miles de familias.
Proponer reuniones, homologaciones y acceso a políticas públicas suena bien, pero ¿cuántas veces se ha dicho lo mismo sin que se traduzca en hechos que alivien el dolor de las familias?
Las familias no buscan acompañamiento, sino resultados concretos. No basta con mesas de trabajo y discursos técnicos; urge una política real de verdad, justicia y reparación.
Si el gobierno de David Monreal quiere estar a la altura del compromiso asumido, debe empezar por transparentar cifras, asumir responsabilidades y colocar a las víctimas al centro. Las palabras sin acciones, en este tema, son una ofensa más para quienes buscan a sus seres queridos.

Convenio educativo con buenas intenciones, pero insuficiente
El convenio entre el Ayuntamiento de Río Grande y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para abrir el Programa de Extensión Universitaria de Lenguas (PEUL) es, sin duda, un paso positivo.
Sin embargo, más allá de los discursos bien intencionados del presidente municipal Mario Córdova y del rector Armando Flores, esta acción resulta limitada frente a la magnitud de los desafíos educativos que enfrentan los jóvenes zacatecanos.
Acercar la enseñanza de lenguas extranjeras a municipios alejados es valioso, pero ¿cuántos podrán realmente acceder a estos cursos? ¿Habrá becas suficientes, horarios accesibles, infraestructura adecuada? El anuncio suena más a estrategia de imagen que a un compromiso profundo con el desarrollo académico.
Sin un diagnóstico serio ni un plan integral que contemple seguimiento, permanencia y vinculación laboral, este tipo de convenios corren el riesgo de convertirse en promesas huecas.
La educación requiere mucho más que firmas y fotografías. Se necesita visión, recursos y voluntad política real. De lo contrario, estos esfuerzos seguirán siendo apenas paliativos para una crisis estructural.

Runrunazos
La visita de la presidenta a Guadalupe, Claudia Sheinbaum, pospuesta 24 horas, genera expectativas. Este sábado supervisará la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología. Aunque el acto será breve, se espera más que una simple revisión: urge compromiso real con la salud en Zacatecas. Ojalá no sea solo foto y discurso, sino el inicio de una política seria frente al abandono hospitalario que vive el estado.
Mucho revuelvo causo en redes sociales una declaración de Rubén Flores Márquez en la cual aseguraba que Miguel Alonso y Miguel Varela no son bienvenidos en Morena, La realidad es que hay poca probabilidad de que alguno de los Migueles quiera irse a Morena, en los partidos donde están les ha ido bien, Alonso diputado y Varela alcalde, difícilmente Morena podría darles algo mejor. Rubén Flores quiso hacerse el interesante y le salió contraproducente, prueba de ellos los comentarios en las redes sociales donde se menciona su declaración.