El Runrún: Ganan candidatos de la gobernanza en elección judicial

La reciente elección de magistraturas del Poder Judicial en Zacatecas ha confirmado lo que muchos anticipaban: los candidatos impulsados por la “nueva gobernanza” resultaron vencedores. Estos resultados fortalecen aún más el control político del grupo gobernante en una institución clave para la democracia y la legalidad en el estado.
Aunque legalmente respaldado, este resultado genera cuestionamientos sobre la verdadera autonomía del Poder Judicial y el equilibrio entre poderes. La justicia debe ser imparcial, pero cuando los jueces responden a intereses políticos, se corre el riesgo de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.
La ciudadanía debe mantenerse vigilante y exigir transparencia, imparcialidad y méritos en estos procesos. No se trata de oponerse a todo lo que impulse un gobierno, sino de defender principios básicos del Estado de derecho. Zacatecas merece un Poder Judicial fuerte, libre de presiones y capaz de actuar con plena independencia.
Lo cierto es que de aquí a que termina la administración de la “nueva gobernanza” el presidente, Carlos Villegas continúa en el poder judicial y con él muchos empleados que tienen ya muchos años y que no terminan de asimilar los cambios de los últimos meses.

Un Poder Judicial a modo en Zacatecas
Los recientes resultados de la elección judicial en Zacatecas confirman una tendencia preocupante: la creciente influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. La mayoría de los nuevos magistrados tienen vínculos directos con el gobierno estatal, lo que debilita la independencia de las instituciones. Aracely Esparza y Ricardo Humberto Hernández León, ambos cercanos al gobernador David Monreal, ocuparán cargos clave en la sala familiar.
En la primera sala penal, destacan Verónica Muñoz Robles, ya impulsada por el Ejecutivo, y Oyuky Ramírez Burciaga. La segunda sala penal estará encabezada por Amparo Jáuregui Durán, actual defensora pública, y Octavio Quintanar Sánchez. En la sala civil, Rafael Espinoza Olague y Verónica Mayorga García completan la lista de perfiles con trayectorias institucionales, pero también afinidades políticas.
Esta alineación con el Ejecutivo levanta serias dudas sobre la imparcialidad que debe regir al Poder Judicial. Aunque la legalidad del proceso no está en entredicho, su legitimidad democrática sí lo está. La justicia debe responder a la ley, no a los intereses de un grupo político. Si el tribunal se convierte en extensión del gobierno, se vulnera el equilibrio de poderes y, con ello, la confianza ciudadana en la justicia.

SUTSEMOP en crisis: liderazgo incierto y deslegitimado
El SUTSEMOP atraviesa una preocupante etapa de debilitamiento institucional. La suspensión provisional que impide a Carlos Acevedo asumir la dirigencia sindical ha generado un vacío de poder que deja sin representación efectiva a miles de trabajadores del estado. Esta medida, aunque legalmente justificada mientras se resuelven las impugnaciones, ha profundizado la incertidumbre en un sindicato ya fracturado.
La supuesta intención del secretario saliente, Israel Chávez, de entregar el comité ejecutivo a pesar de la suspensión, sólo evidencia el desorden interno. Además, la renuncia de seccionales de la planilla blanca —realizada fuera de los plazos estatutarios— agrava aún más la crisis de legalidad y operación, ya que las secciones quedan sin dirección legítima.
El aplazamiento de la audiencia clave no sólo retrasa la solución del conflicto, sino que perpetúa un estado de indefinición perjudicial para los trabajadores. Esta debilidad institucional puede ser aprovechada por intereses ajenos al bienestar sindical, poniendo en riesgo conquistas laborales históricas.
Es urgente que las autoridades judiciales resuelvan con celeridad y claridad. Pero también corresponde a los actores sindicales actuar con responsabilidad y respeto a los estatutos. El SUTSEMOP debe recuperar su legitimidad para ser, de nuevo, un auténtico defensor de sus agremiados. Mientras tanto, Israel Chávez no termina de irse, y Carlos Acevedo no termina de llegar, y eso agrava la crisis de representación, porque por ahora hay un vacío en la representación que bien puede capitalizar la “Nueva Gobernanza”.

Crisis hospitalaria alcanza clímax con derrumbe tras lluvias
La crisis de atención médica en los hospitales públicos ha llegado a un punto crítico. El colapso parcial del Hospital de la Mujer en Guadalupe, provocado por las lluvias del fin de semana, no es un hecho aislado, sino el síntoma más alarmante de un sistema que lleva años en deterioro. La suspensión de servicios, el traslado de pacientes y la activación de protocolos de emergencia evidencian una falta de previsión estructural y de inversión sostenida.
Que un hospital especializado y esencial para la atención de mujeres embarazadas tenga que cerrar temporalmente por derrumbes debería encender todas las alarmas. Estamos ante un claro ejemplo de cómo el abandono de la infraestructura hospitalaria puede traducirse en riesgos directos para la salud y la vida.
Es inaceptable que instalaciones críticas no estén preparadas para fenómenos climáticos que, por desgracia, ya no son excepcionales. Urge una estrategia nacional de revisión y refuerzo de hospitales, especialmente en zonas vulnerables. La salud no puede seguir dependiendo de remiendos de última hora ni de la buena voluntad de funcionarios apresurados.
Este fin de semana fue un punto de quiebre. No actuar ahora sería condenar a más personas a enfrentar emergencias en hospitales que, literalmente, se están cayendo a pedazos.

Runrunazos
Los constructores de la CMIC Zacatecas se muestran generosos con un donativo millonario al SEDIF, pero resulta irónico que, mientras hacen caridad, apenas hay obra pública para sostener su labor. Sin contratos suficientes, ¿de dónde sale tanto “2 al millar”? Noble gesto, sí, pero también un llamado urgente a revisar el estancamiento en la inversión pública estatal.