El intento de reforma constitucional impulsado por la bancada de Morena en Zacatecas terminó en un fracaso legislativo tras la falta de quórum en la sesión celebrada en una sede alterna. La iniciativa buscaba modificar los artículos correspondientes a los requisitos de elegibilidad, porque se argumenta que actualmente ningún funcionario público que aspire a ser candidato en el proceso electoral de 2027 pueda hacerlo sin renunciar a su cargo al menos un año antes de la elección.
Sin embargo hay un error considerable de interpretación de la constitución, porque para los servidores públicos comunes, legisladores en funciones que buscan la reelección consecutiva, así como funcionarios federales que aspiren a cargos de elección popular en el estado, el mandato constitucional exige separarse del cargo, empleo o comisión al menos noventa días naturales antes de la jornada
La regla estricta de separarse un año antes de la fecha de la elección está reservada en la ley zacatecana para perfiles específicos con el fin de evitar ventajas indebidas o conflicto de intereses. Esta restricción aplica principalmente para integrantes de los Organismos Electorales (tanto del INE como del instituto local IEEZ), así como servidores públicos del Poder Judicial (jueces, magistrados).
El Nerviosismo por tanto era innecesario, ya que el objetivo de ayer era redefinir las reglas de participación política y anticipar posibles conflictos de interés en el ejercicio del poder.
Sin embargo, la ausencia y el abandono de algunos legisladores durante la sesión mostraron nuevamente problemas de coordinación y disciplina política dentro del grupo parlamentario. La falta de asistencia suficiente impidió que se alcanzara el número legal requerido, lo que obligó a suspender la discusión y dejó sin efecto inmediato la propuesta.
La sesión fallida marca un precedente que obliga a revisar la estrategia parlamentaria, la disciplina interna y la capacidad real de construir consensos. Sin acuerdos sólidos, cualquier intento de reforma estructural queda expuesto al fracaso.

Austeridad paraliza servicios en Hospital General de Zacatecas
Los problemas regresan al Hospital General de Zacatecas y, una vez más, quienes terminan pagando las consecuencias son los pacientes. Ayer por la mañana, la consulta de especialidades en la planta baja quedó temporalmente detenida debido a una decisión administrativa que parece ignorar la realidad operativa del nosocomio: el retiro de impresoras de los consultorios para concentrarlas en la oficina de la Jefatura de Consulta.
La medida, adoptada por la directora general del hospital, Erika Anel Loera Rojero, tomó por sorpresa al personal médico, que no recibió aviso previo. Además, los consultorios del primer piso amanecieron sin impresoras y con una sola computadora destinada a atender las necesidades de todos los especialistas.
En ella deben imprimirse recetas, solicitudes de laboratorio, notas médicas e interconsultas, sin que exista un responsable claro para coordinar la entrega de documentos o garantizar que lleguen oportunamente a los médicos para su firma.
Ante las inconformidades, la respuesta de la doctora Loera Rojero, fue que se trata de indicaciones federales, es decir de Carlos Hernández Magallanes “el doctor Pollo”, y que posteriormente serán notificadas por escrito. Sin embargo, la decisión paralizó temporalmente la consulta de especialidades. Esta medida podría rostizar al famoso delegado del IMSS Bienestar el doctor Pollo, quien cada día toma decisiones muy cuestionables.
La llamada austeridad republicana parece haber llegado ahora a las áreas administrativas del hospital. A las carencias de medicamentos, insumos e instrumental se suma la reducción de herramientas básicas para la atención médica. Resulta preocupante que, en el considerado “mejor” hospital de Zacatecas, ahorrar tinta y equipo termine afectando la eficiencia del servicio y la atención a los pacientes.

Arrendamiento vehicular genera debate en Zacatecas capital
El esquema de arrendamiento de vehículos implementado por el Ayuntamiento de Zacatecas generó un debate público en el que convergen cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la transparencia en los procesos de contratación y las condiciones operativas en las que se prestan los servicios municipales.
La discusión surge a partir de señalamientos sobre posibles inconsistencias en licitaciones relacionadas con contratos de arrendamiento y mantenimiento de flotillas, lo que ha motivado diversas interpretaciones en el ámbito político y social.
Por un lado, se ha señalado que los procedimientos de adjudicación y el monto comprometido en los contratos requieren un análisis detallado que permita verificar la competencia efectiva entre proveedores y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Estas observaciones, con documentos y actas de las licitaciones, que ayer se publicaron en un diario nacional, fueron retomadas por distintos actores que demandan mayor claridad en la documentación y en las etapas del proceso administrativo, que llegaron a señalarlo, incluso, como un fraude o administración fraudulenta.

Miguel Varela sale al quite de los señalamientos
Por su parte, el alcalde Miguel Varela Pinedo, anoche dijo que el arrendamiento responde a condiciones operativas y financieras específicas, relacionadas con la necesidad de mantener en funcionamiento los servicios públicos ante limitaciones presupuestales y la clara insuficiencia de unidades propias. También mencionó que los procesos se realizaron bajo esquemas de licitación pública y con mecanismos institucionales de aprobación.
En medio de estas posturas, la discusión adquirió relevancia pública, particularmente por la importancia que tiene el transporte y la maquinaria municipal en áreas como recolección de residuos, mantenimiento urbano y atención de servicios básicos. Esto ha colocado el tema en el centro del análisis sobre eficiencia gubernamental y planeación del gasto.
La situación plantea la necesidad de revisar no solo los procedimientos administrativos, sino también los criterios de evaluación del gasto público, la accesibilidad a la información y los mecanismos de supervisión institucional. El debate continúa abierto, mientras distintos sectores esperan mayor documentación, claridad en los procesos y elementos verificables que permitan una valoración integral del caso sin anticipar conclusiones.
Mientras tanto las dos versiones son públicas y ahora corresponderá a la Auditoría Superior del Estado hacer un balance y verificar la que todo está sujeto a la ley.