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José Luis Medina Lizalde.
Hay una diferencia que hace más impactante el desafío del pasado fin de semana, esta vez paso poco tiempo para que trascendiera la identidad de las víctimas.
El sábado 18 del presente los zacatecanos nos conmocionamos por la aparición de diez cuerpos de víctimas del crimen organizado en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto. Se trata de una operación concebida para impactar a la sociedad, a las autoridades y a enemigos de la banda de criminales del mismo calibre de la que tuvo lugar el 6 de enero de 2022 cuando en la Plaza de armas de la capital del estado un bando criminal depositó diez cuerpos.
La similitud entre ambos episodios consiste en que el crimen tuvo la intención de mandar mensaje de poder cuyos destinatarios son el gobierno, la población y los grupos rivales. Cuando el móvil es otro, no se toman el trabajo de lograr el máximo de visibilidad.
Hay una diferencia que hace más impactante el desafío del pasado fin de semana, esta vez paso poco tiempo para que trascendiera la identidad de las víctimas, la mayoría de las cuales son personas con relevancia pública en sus ámbitos respectivos.
Un dato a considerar es que nueve de las diez víctimas son originarios de la entidad, siendo la única excepción la del regidor de Canatlán, Durango, lo que reafirma la presunción de que el grupo criminal es una facción del cártel de Sinaloa adscrito a las huestes de Zambada.
Por dolorosa que sea la situación, es preferible transparentar la situación que optar por la opacidad que rodeó el caso de los cuerpos depositados en la Plaza de armas, cuando la identidad de las víctimas, su procedencia, los posibles móviles y el desenlace de las investigaciones quedaron a la imaginación colectiva.
El uso partidista del tema debilita la respuesta desde el poder público. La tradición frívola de los que emiten juicios instantáneos sin más sustento que lo que circula como especulación se enfrenta con información verídica y secuencial que no comprometa investigaciones.
Asumiendo que es momento de preguntas más que de respuestas, la primera duda a resolver que tienen en común las víctimas de tan atroz operación delictiva ¿Fueron escogidos al azar? ¿Hay signos de trato diferenciado a las víctimas que indiquen que unos fueron sometidos a interrogatorio y otros directamente ejecutados? ¿Tienen signos de tortura que sugiera que previamente fueron interrogados? ¿Representaban un riesgo para los asesinos? ¿Hicieron algo que los hizo ser condenados a tan cruel final? ¿Está descartada la posibilidad de que no todas las víctimas lo sean del mismo verdugo? ¿Por ninguna víctima se pidió rescate? ¿Hubo algunas denuncias de desaparición forzada? ¿el apoderamiento de cada uno de los diez fue simultáneo o secuencial?
La facción criminal identificada como la principal en la región dónde ocurrieron los hechos ha recibido los golpes más demoledores de su historia en las últimas semanas en el vecino estado de Durango, lo que pudo generar una maniobra de dispersión de la fuerza que los combate hacia territorio zacatecano. En Sinaloa les iría peor por la enorme concentración de la fuerza del estado derivada del secuestro del Mayo Zambada que el gobierno de Estados Unidos pactó con la familia del Chapo Guzmán.
El crimen organizado se sabe útil a la estrategia política de Estados Unidos y saca provecho, pero en este caso los signos apuntan a una maniobra de sobrevivencia de una facción que se sabe cercada.
En mi modesta opinión, Zacatecas debe ser escenario de una atención especial que desarticule las redes delictivas de procedencia foránea que durante veinte años se han instalado sin encontrar mucha resistencia.
No hay cárteles locales y según los datos disponibles, los operadores del crimen de origen local son minoría.
Existen administraciones públicas principalmente municipales fácilmente penetrables por la delincuencia organizada, por falta de nivel en política.
Tenemos políticos empoderados mentalmente adolescentes. Muchos sin la menor idea de los límites de sus atribuciones, incapaces de desempeñar su trabajo sin filias y sin fobias y que corren servidores públicos para dar espacio a compromisos de campañas pasadas y futuras.
Otra fuente de debilidad reside en la frivolidad opinativa en modo pandemia que hace de las mesas de opinión fuente de oscuridad de la realidad, se opina para culpar, no para dilucidar causas.
Zacatecas necesita la operación enjambre encaminada a destruir las redes de complicidad notoriamente arraigadas en administraciones municipales desde que en 2004 arriba el Cártel del Golfo a tejer redes en silencio para que Zacatecas transite de espacio de cultivo y almacenamiento que tenía desde los años setenta a lo que es ahora, campo de batalla por rutas, territorio y mercado.
El problema que significa el crimen organizado es de esencia política. Tiene que ver con la honestidad, capacidad y valentía de quienes actúan como autoridad e influyen como opinantes.
Nos encontramos el jueves en Recreo
