Que sea el juez   

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

Hay quienes ven en todo pleito de facciones políticas, inmediatamente especulan sobre perjuicios o beneficios que el suceso acarrea a los actores políticos locales.

La investigación del homicidio de Raúl Calderón Samaniego provoca que el caso pase del terreno de la delincuencia al de la política. La implicación del presidente municipal de Guadalupe genera, como es normal, consecuencias difíciles de anticipar. El golpe que recibe la clase política local es fuerte, el común de la gente desprecia a los políticos porque los supone inmersos en el lodo.

Alguna vez el diputado local Ernesto González Romo me contó asombrado que varios de sus compañeros de legislatura aseguraban que “no pasa nada” cuando les advertía sobre los ilícitos en que incurren los que usan facturas falsas para embolsarse dinero adicional a sus legales ingresos, y efectivamente “no pasa nada”.

Una vez que se hace del conocimiento general que la fiscalía considera a Julio Cesar Chávez coautor de homicidio y robo calificados en perjuicio del abogado Calderón, la incredulidad se manifiesta. Hay quienes ven en todo pleito de facciones políticas, inmediatamente especulan sobre perjuicios o beneficios que el suceso acarrea a los actores políticos locales.

La revaloración popular de la labor del fiscal encuentra resistencia cuando se invocan tantos y tantos homicidios nunca aclarados o emblemáticos sucesos como el que desembocó en la muerte del joven Jorge Iván, salvajemente golpeado por jóvenes entre los cuales figuran un hijo y un sobrino del actual gobernador.

La de Julio César es la tercera solicitud de desafuero que turna el actual fiscal, antes hizo llegar a la 62 legislatura la del presidente municipal de Cañitas al cuarto para las doce, cuando el munícipe concluía su gestión, en la siguiente legislatura solicitó el desafuero del presidente municipal de Mazapil y la legislatura 63 lo desechó. En ambos casos se desconoce cómo concluyeron los expedientes correspondientes.

Justicia fallida

De proceder la solicitud del fiscal, Julio César será el tercer actor político local de importancia requerido por la justicia. Los otros dos son Pedro de León Mojarro (por la jurisdicción federal) y Benjamín Medrano.

La estafa maestra fue concebida para trasladar recursos al PRI usando, entre otras, a dos universidades publicas zacatecanas.  Benjamín Medrano es acusado por su gestión como presidente del comité organizador de la feria de Zacatecas, en ambos casos no se advierten acciones consistentes que esclarezcan la situación de los mencionados y de otros que no pudieron permanecer ajenos a esos hechos.

El “no pasa nada” tiene en el congreso local uno de sus más firmes pilares, no sería extraño que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal al presidente de Guadalupe sea otra bola de engrudo.

Un proceso de desafuero conlleva carga política intensa. La comisión responsable de dictaminar puede empantanar el asunto (como suele hacerse), el primer tropezón se presenta algunos reclaman acceso a la carpeta de investigación para fundar su postura. ¿Van a examinar la validez de la orden de aprehensión emitida por la jueza de control? ¿No debiera ser razón suficiente la existencia de tal orden para dictaminar la procedencia de la solicitud del fiscal?.

Retirar la inmunidad procesal no equivale a declaración de culpabilidad porque es un asunto de la exclusiva competencia del poder judicial. Sin embargo, existen muchos políticos que habiendo delinquido no tuvieron que comparecer ante tribunales porque los diputados se interpusieron, el fuero es obsoleto en estos tiempos, es factor de impunidad, propicia la fuga del inculpado y le ata las manos al juzgador.

El fuero lo mismo ha sido manipulado para aplastar adversarios como Fox lo intentó con López Obrador, que para evitar que sea el poder judicial el que decida el destino de un político acusado de ilícitos. la carga política disuelve el criterio judicial porque en el procedimiento lo determinante es la correlación de fuerzas.

Que pase lo que deba pasar

Lo que está al alcance de la legislatura local es cancelar el fuero local del cual gozan una enorme cantidad de servidores públicos, el fuero federal subsistirá hasta que una reforma constitucional le ponga fin, mientras tanto, si brotan evidencias de que un presidente municipal comete delitos, en Zacatecas no es posible enjuiciarlo si antes la legislatura no le retira la inmunidad procesal y lo retira del cargo, lo que sí se puede hacer en la Ciudad de México siempre que se trate de servidores públicos locales acusados de delitos del fuero común.

Los pactos de impunidad que hacen que sea verdad que “no pasa nada” deben deshacerse en bien de todos.

El caso de Julio César es la oportunidad para borrar la idea de que “no pasa nada” aún en el caso de que una vez sometido a juicio salga exonerado.

Si los diputados hacen lo que les toca, el poder judicial dirá si Julio es víctima o culpable, nadie más.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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