Prisiones, almacenes de crueldad clasista

Le doy una gran importancia a la medida anunciada por el Presidente de la República el 29 de julio recién pasado, según la cual se liberará a decenas de reos federales de delitos no graves que tengan más de diez años sin sentencia firme, que conforme a los protocoles de Estambul hayan sido torturados, que tengan más de 65 años y padezcan enfermedades crónico-degenerativas y que tengan más de 75 años, la liberación de cerca de 100 mil personas es un paso gigantesco por los beneficios humanitarios a los reos y sus familias, ahorrará costos a los contribuyentes y volverá más manejable la vida carcelaria al terminar con el hacinamiento en prisiones.

Celebro que 16 gobernadores en funciones y electos de estados de la República (con la Ciudad de México), entre los cuales está Zacatecas, anuncien su adhesión a la medida que habrá de concretarse en decreto de próxima expedición, aplicando en sus respectivos ámbitos de competencia los mismos criterios para liberar a los reos del fuero común que se encuentren en alguna de las 4 hipótesis enumeradas por el Presidente López Obrador.

La justicia es clasista. Por voz de nuestros maestros aprendimos que “el derecho penal se creó para los pobres y el derecho civil para los ricos” y con el tiempo constatamos que la Justicia es tan mal impartida que a la cárcel se llega y se permanece más por pobre que por delincuente. Los pobres del campo y la ciudad conocen de la infernal vida carcelaria por la experiencia directa o por la de familiares y cercanos, pero la gran mayoría que no tiene la desgracia de vivir esa experiencia, no sabe de la intensidad del dolor humano que almacena el sistema penitenciario, cuya realidad cotidiana se oculta tan efectivamente, que cuando existen demandas de mejoramiento de las condiciones de vida no falta la descalificación idiota por desinformada de que “quieren están en un hotel de 5 estrellas”.

La medida beneficia a los directamente considerados y a sus familias en el primer momento, abre también una posibilidad de vigorizar en las comunidades penitenciarias la reinserción social mediante la educación y el trabajo en los términos establecidos en nuestra Constitución, reduciendo la disponibilidad de mujeres y hombres curtidos en la dureza de las prisiones con las que se surte la delincuencia organizada, el combate a la delincuencia sin eficacia en la regeneración de los delincuentes nunca tendrá éxito, pues sabido es que así como se administran las prisiones mexicanas, los reclusos aprenden mucho más de lo que sabían al entrar en materia de delitos.

Ley, letra muerta

La tortura surte en muchas de las víctimas, el efecto de atemorizar a la víctima, las vejaciones despojan de la dignidad y auto-estima, no solo se cede a asumir falsas culpas, se renuncia a valerse de la ley para reclamar justicia, cuando hay litigantes con ética dispuestos a dar la lucha, el primer obstáculo es el aferramiento al silencio, muchas veces dictado por no hacer sufrir más de lo que ya sufren a hijos, padres o demás seres queridos, por eso solo la acción decidida del estado puede poner fin al horror de la tortura. México es país firmante de los protocolos de Estambul desde el principio, pero como sucede con nuestra Carta Magna, sus disposiciones han sido letra muerta.

Muchos que se pudren en las cárceles pagan el costo de una defensa deficiente, las defensorías de oficio, cuando se reducen a rutinas burocráticas sin supervisión, albergan en sus filas a profesionales con sentido del deber y a negligentes desmotivados por la pobreza de sus defendidos, solo los que tienen dinero pueden salir airosos de un trance procesal.

Los que descalificaron la consulta popular del primero de agosto con el engañoso estribillo de que “La ley no se consulta, se aplica” no advierten el abismo entre el país real y el país legal y por lo tanto, no entienden que la  indispensable reorganización de las instituciones para regenerar la vida nacional es una tarea que rebasa las posibilidades de la clase gobernante, contradictoria  e incoherente, que la impunidad tiene beneficiarios enquistados en los 3 poderes, 3 niveles de gobierno y Órganos constitucionales autónomos.

 Allá vamos

La formidable tarea transformadora requiere de ciudadanía de tiempo completo, no solo de tiempos electorales.

Celebro que el tema de la justicia forme parte de la agenda transformadora de López Obrador, pero para que no sea “flor de un sexenio” es menester el involucramiento ciudadano para generar cambios legislativos y para que no tengamos nunca más leyes reducidas a la condición de letra muerta.

El vació que deja la ciudadanía, lo llenan los influyentes, por eso se oponen a las consultas populares.

Nos vemos el lunes en Recreo

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