La dolorosa denuncia de la señora Virginia de la Cruz fortalece la convicción de muchos de que la reforma judicial debe concebirse como la primera de una serie de reformas de gran calado en relación a la justicia.

Fiscalías, cuerpos policíacos y prisiones deben reformarse al igual que el poder judicial para que el acceso a la justicia pronta y expedita deje de ser letra muerta como ha sido a lo largo de nuestra historia nacional.

Casos como el del joven cuyo cuerpo estuvo en el SEMEFO cuando la atribulada madre lo buscaba se han presentado con más frecuencia de la que uno se imagina, lo mismo en Zacatecas que en otras partes de la república, pero las más de las veces, los familiares se concentran en vivir su duelo en silencio cuando han perdido a su ser querido y solo les queda elaborar el duelo. La señora Virginia razonó diferente, denuncia, reclama y al hacerlo nos concientiza.

El hecho de que los servicios forenses tuvieron el cuerpo del joven desde el 30 de noviembre pasado y que fuera hasta el 4 de julio del presente cuando le informan a su señora madre es grave por sí mismo, pero es igualmente grave la reacción oficial ante el hecho cuando obligados por la denuncia pública anuncian en un primer momento una investigación que conducirá al deslinde de responsabilidades para horas después dar a conocer la remoción de dos funcionarios de los que no se precisan sus respectivos nombres, cargos que desempeñaban y responsabilidades concretas que se les adjudica en el caso específico.

El derecho a saber la presumible cadena de negligencias es regateado a los ciudadanos por la fiscalía y al hacerlo, nadie tendrá certeza de que los funcionarios cesados realmente son los responsables pero además, al no contar la historia completa de lo sucedido, se da pie a la repetición de los hechos al no ventilarse la información que permita localizar deficiencias humanas o de protocolos inadecuados ¿Cuándo entenderán que garantizar el derecho a saber sobre lo de interés público es esencial para gobernar bien?

Falló la intención

Nos equivocamos los que supusimos que la conversión de las procuradurías en órganos autónomos mejoraría la procuración de justicia, algunas fiscales se convirtieron en protectores del grupo gobernante que les nombró usando a las legislaturas como parapeto, es el caso de Ulises Carmona, fiscal del estado de Morelos y otros más, otros desarrollaron tanto poder que hicieron de la fiscalía coto de poder por encima del gobernante en turno, como en Guanajuato, otros son feroces perseguidores de los enemigos del grupo gobernante en turno, como la de Chihuahua mientras que otras fiscalías se dedican a “batear” las denuncias que afectan a los actores locales de la política, como ha sido el caso en Zacatecas, donde, entre varios casos más,  la estafa legislativa ha evidenciado que existe  impunidad consentida.

La reforma que introdujo el sistema penal acusatorio y la conversión de las procuradurías en fiscalías autónomas fueron obra de iniciados de la academia muy influenciados por los Estados Unidos, país que de 2008 a 2016 aporto millones de dólares a la modificación de nuestro orden jurídico penal mediante un proceso que no convocó a la ciudadanía, ignorando el hecho de que sería la beneficiada o la perjudicada.

Es de celebrar qué por primera vez en la historia de reformas judiciales, los mexicanos estemos inmersos en una reflexión pública sobre el tema, lo que hasta ahora se ha traducido en conciencia generalizada de reformar un poder que se asumía intocable.

Cada vez que se discuten deficiencias de instituciones públicas aparece en automático el diagnóstico de que lo que falla es por falta de dinero, el daño cultural que ocasiona nos lleva a subestimar que juegan las virtudes organizativas, la disciplina laboral la motivación del personal de las instituciones y desde luego, el equipamiento material para tareas.

No más reformas sin pueblo

Dicho lo anterior, estoy convencido que ya no debemos dejar a los especialistas la exclusividad de la labor reformadora, que debemos reconocer que la gente no se forma una opinión positiva en función de lo que le dicen los medios de comunicación, sino que es su propia experiencia la que nutre su criterio.

La desaprobación mayoritaria de los jueces no se origina en las críticas del presidente sino en la experiencia acumulada de los simples mortales ante los juzgadores, lo mismo pasa con ministerios públicos, policías, diputados, partidos y periodistas.

La señora Virginia de la Cruz emitió una severa condena pública sobre la fiscalía ampliamente compartida por la ciudadanía pero que no hizo mella en los diputados locales que escucharon su reclamo.

Reformemos la justicia desde abajo.

Nos encontramos el jueves en Recreo

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