Derecho a saber la verdad

Se fue el INAI, el derecho a saber permanece, los tres poderes y los tres niveles de gobierno tienen el deber de garantizarlo.

La libertad de expresión será plenamente virtuosa cuando consolidemos la cultura de la verificación de lo que libremente se expresa. Hoy, junto al auge de libertad se expande la manipulación mediante invenciones, calumnias, fabricación de versiones, falsas víctimas que lastiman causas.

Íconos del periodismo que dominaron la escena en los últimos 30 años que no son difuntos ya cayeron de su pedestal (y no por las réplicas que reciben desde las mañaneras, sino por deficiencias propias).

Carmen Aristegui se sorprende por la ausencia de impacto de su reportaje sobre “el palomar”, equipo de Televisa para calumniar sin dar la cara, algunos dicen que la falta de impacto es consecuencia de que la periodista cayó del pedestal en que alguna vez estuvo.

Sin desconocer que forma parte de los ídolos caídos, lo que explica la tibieza de las reacciones hasta de las presuntas víctimas del mencionado equipo comandado por Javier Tejado D. ejecutivo de Televisa, la indiferencia es porque no hay sorpresa, lo denunciado en dicho reportaje es “una raya más al tigre” ¿Cuántos grandes medios de comunicación emprenden campañas negras por cuenta de poderosos? Engañar es su negocio.

Cuando se vierten verdades y mentiras con plena libertad debemos preguntarnos: ¿Cómo no sucumbir ante el riesgo de pensar que es verdad lo que es mentira y viceversa? ¿que en determinadas situaciones tengamos a los buenos por villanos y a los malos por inocentes?

He allí la importancia de la cultura de la verificación.

No es cuestión de fe

Existe un episodio de suma gravedad que demuestra la importancia de la verificación de lo que se afirma en la vida pública. César Gutiérrez Priego es el sólido aspirante a ministro de la SCJN que ha dedicado su vida a reivindicar la inocencia de su padre, el general Gutiérrez Rebollo, encarcelado por Zedillo y absuelto después, acusado de nexos con Amado Carrillo. Su hijo siempre afirmó que fue represalia por haber descubierto vinculación de la familia política del presidente con el narcotráfico. El caso es que en la vorágine desatada por la desesperada intentona de frenar la reforma judicial recurriendo al expresidente, el abogado dio un paquete de audios y transcripciones con los capos Amezcua Contreras mencionando o inclusive conversando con la esposa del presidente Zedillo.

La gravedad del hecho resalta con lo reportado por Nancy Flores, de Contralínea, que le da verosimilitud al material al subrayar que las intercepciones telefónicas fueron ordenadas por el General Gutiérrez Rebollo con la autorización judicial correspondiente y que hubo una “operación de Estado”  para desaparecer la investigación que incrimina a la esposa de Zedillo.

Conforme a esa narrativa, el General Gutiérrez Rebollo descubrió por accidente la vinculación con la familia presidencial y tuvo el pundonor de reportarlo al presidente y a la SEDENA, pero además, entregó a la PGR el material, mismo que figura en la causa correspondiente.

Si se comprueba que es verdad, otro general inocente fue encarcelado por cumplir su deber de informar al presidente de la república asuntos delicadísimos (el otro fue el General Tomás Ángeles, en el sexenio de Calderón) ¿Debemos dejarlo a la fe da cada quién o tenemos derecho a la aclaración fehaciente de lo sucedido?, ¿Qué tan podrida debe estar la justicia en un país para que esos hechos pueden ocurrir?

Decía Malcom X, legendario luchador social estadunidense, que si nos descuidamos terminamos creyendo buenos a los malos y malos a los buenos.

¿A quién no le ha pasado que ha juzgado mal a una persona inducido por versiones no apegadas a la verdad? No todos cultivamos la virtud de no sacar conclusiones al vapor.

El antídoto contra dictaduras es la libertad de expresión y muro donde se estrella el autoritarismo en la vida pública, en el aula, en el hogar.

Réplica, no represión

Para el ciudadano la réplica es un derecho, para la autoridad es una obligación cuando de información de interés público se trata, es el derecho a saber la verdad lo que está en juego.

Empresas de comunicación y periodistas proveen a la colectividad de servicios informativos donde el error puede tener explicable cabida, pero nunca la mentira intencional.

La contundencia de la reprobación social al político que miente, reafirma el componente moral del ejercicio de la libertad de expresión y vacuna contra tiranos.

Los que ejercen el poder público tienen obligación de garantizar el derecho a saber que consagra nuestra Constitución, no solo aportando información pública que la ciudadanía solicita, sino desmintiendo a los que falsean la realidad para sus propios fines, mediante la correspondiente réplica.

Replicando; nunca reprimiendo.

Nos encontramos el lunes en Recreo

@[email protected]