

En sesión pública se realizó la toma de protesta del licenciado Manuel Adán Navarro Hernández.
ZACATECAS.- El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado inició el proceso de evaluación de las personas juzgadoras electas en el Proceso Electoral Extraordinario 2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la impartición de justicia.
En sesión pública se realizó la toma de protesta del licenciado Manuel Adán Navarro Hernández como titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, destacando su trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado y su preparación académica especializada.
En la misma sesión fueron aprobados los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño Judicial de las Personas Juzgadoras, impulsados por el magistrado presidente José Luis Hernández Ugalde.
El funcionario destacó que estos lineamientos buscan establecer criterios claros, objetivos y transparentes para evaluar el desempeño judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

Indicó que el sistema contempla evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento mediante visitas presenciales y digitales, análisis de indicadores y revisión del desempeño ético y profesional.
La magistrada Celia Nallely Juárez Castro respaldó la propuesta y reconoció el trabajo institucional para consolidar el nuevo modelo de evaluación y fortalecer la confianza en la justicia.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno integrado por el magistrado presidente y las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial.
Finalmente, la magistrada Vania Arlette Vaquera Torres presentó la propuesta de acuerdo para iniciar el procedimiento de evaluación ordinaria de las personas juzgadoras electas en 2025.
De conformidad con lo establecido en el artículo 90 Bis de la Constitución Política del Estado el Tribunal de Disciplina Judicial será el órgano encargado de evaluar el desempeño de las Magistradas Magistrados Juezas y Jueces electos durante su primer año de ejercicio mediante métodos criterios e indicadores previamente establecidos para garantizar la legalidad transparencia e imparcialidad del proceso judicial.