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Más que una confrontación, se ha gestado un acuerdo que podría derivar en reformas de fondo para garantizar que la negligencia gubernamental no quede impune.
ZACATECAS.- La denuncia de una diputada por los daños sufridos a su vehículo al caer en un bache en el Centro Histórico de Zacatecas ha encendido un debate sobre la responsabilidad del gobierno en el mantenimiento de las calles. Dayanne Cruz, legisladora del PRI, relató públicamente el incidente que no solo afectó su automóvil, sino que también evidenció la omisión del ayuntamiento en sus labores básicas de infraestructura.
Lejos de tratarse de una queja aislada, la situación motivó al diputado morenista Santos Antonio González Huerta a sumarse al reclamo. Desde la calle Matamoros, donde mostró el bache sin atender, ofreció acompañamiento legal a cualquier ciudadano afectado por estas condiciones, a fin de exigir al alcalde Miguel Varela una compensación económica.
Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de establecer una obligación ju rídica para que los gobiernos—municipales, estatales y federales—mantengan en buen estado las vías de comunicación. El planteamiento va más allá de lo político: apunta a una exigencia ciudadana legítima y urgente.
“Si los funcionarios saben que pueden ser demandados por omisiones, tendrán mayor incentivo para actuar con responsabilidad”, sostuvo González Huerta. Por su parte, Cruz destacó que no se trata de un asunto personal, sino de una demanda colectiva por seguridad y dignidad urbana.
Más que una confrontación, se ha gestado un acuerdo que podría derivar en reformas de fondo para garantizar que la negligencia gubernamental no quede impune.
El debate ha sido bien recibido por la ciudadanía, que ve en esta acción una oportunidad de exigir lo mínimo: calles seguras y gobiernos responsables.