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Julieta del Río Venegas | Foto: Cortesía.
A siete años de la Ley General de Archivos, aún existen desafíos estructurales en su aplicación.
La pérdida, desorganización y posible ocultamiento de documentos públicos continúan siendo una amenaza para la transparencia y la rendición de cuentas en México, advirtió Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y protección de datos personales, al conmemorarse el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos.
La ex comisionada del INAI señaló que, aunque la legislación representó un avance significativo para fortalecer el acceso a la información pública, todavía persisten importantes retos para consolidar una adecuada gestión documental en las instituciones del país.
“Los archivos son la base que hace posible el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, afirmó Del Río, al destacar que la Ley General de Archivos estableció un marco normativo para la organización, conservación y administración de los documentos generados por los entes públicos.
Sin embargo, explicó que aún existen desafíos estructurales en su implementación. En diversas instituciones continúan detectándose archivos desorganizados, mal conservados, dispersos o en condiciones de deterioro. Incluso, se han documentado casos relacionados con el posible ocultamiento, alteración o destrucción de información pública.
La especialista enfatizó que los archivos, tanto físicos como digitales, constituyen la evidencia de las decisiones gubernamentales, los procesos administrativos y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ello, su correcta gestión no solo representa una obligación legal, sino una herramienta indispensable para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Además, destacó que los archivos son fundamentales en los procesos de entrega-recepción de las administraciones públicas, ya que permiten dar seguimiento a las decisiones institucionales, garantizar la trazabilidad de los actos de gobierno y evitar posibles procedimientos de responsabilidad derivados de la ausencia de documentación.
Cada documento generado por una institución pública forma parte del patrimonio documental del Estado mexicano. Su conservación permite reconstruir decisiones, verificar responsabilidades, supervisar el uso de recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Del Río advirtió que cuando los archivos se pierden, son destruidos o no se integran adecuadamente, se afecta la memoria institucional, se dificulta la fiscalización y se vulneran los principios que sustentan el acceso a la información pública.
“La falta de archivos y la destrucción de documentos son prácticas que impiden la rendición de cuentas y pueden derivar en responsabilidades legales, administrativas e incluso penales para los servidores públicos”, subrayó.
Asimismo, señaló que la alteración, ocultamiento o desaparición de documentos oficiales puede obstaculizar auditorías, investigaciones y procedimientos de fiscalización, incluidos los realizados por la Auditoría Superior de la Federación, generando consecuencias directas para los responsables.
A siete años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, consideró que el principal reto sigue siendo consolidar una auténtica cultura archivística en el país, donde la preservación documental sea entendida como una responsabilidad permanente del Estado y un compromiso con la democracia.
“Los archivos importan porque resguardan la memoria institucional, permiten garantizar el acceso a la información y hacen posible que la ciudadanía exija cuentas a sus autoridades. Sin archivos no hay memoria. Y sin memoria no hay rendición de cuentas”, concluyó.
