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Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y datos personales. | Foto: Cortesía.
Advierte riesgos a la libertad de expresión y vulneración de datos.
ZACATECAS.- “En medio de un discurso legislativo que apuesta por la modernización digital, la protección de datos personales y la regulación de la inteligencia artificial, crece la preocupación por la falta de congruencia entre lo que se propone en tribuna y lo que ocurre en la práctica política en México”, advirtió Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y datos personales.
La ex comisionada del INAI señaló que recientemente se han impulsado iniciativas para fortalecer la “anonimización de datos”, con el objetivo de permitir su uso en procesos de innovación sin comprometer la privacidad. Sin embargo, explicó que este enfoque omite un aspecto clave: la anonimización no garantiza por sí misma la protección total.
“La evidencia demuestra que, mediante el cruce de bases de datos, es posible reidentificar a personas, incluso cuando la información ha sido tratada como anónima. Sin estándares estrictos y auditorías independientes, el riesgo persiste”, afirmó.
Del Río Venegas advirtió que la propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial ha generado cuestionamientos por la falta de claridad en conceptos clave.
Explicó que términos como “desinformación digital”, “violencia digital” o “fraude digital” carecen de definiciones precisas, situación que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
“Esta ambigüedad puede derivar en decisiones arbitrarias e incluso en medidas que afecten la libertad de expresión bajo el argumento de regulación; en lugar de ayudar, parece que perjudicarán”, puntualizó.
La especialista subrayó que el problema no es únicamente técnico, sino también de congruencia política. Mientras se promueven iniciativas para proteger datos personales, dijo, los mismos actores han impulsado reformas que amplían la recopilación de información sensible.
Entre ellas mencionó la integración de datos biométricos a registros como la CURP y el registro obligatorio de líneas celulares, medidas que —aseguró— generan preocupación ante denuncias de robo de identidad y fallas de seguridad.
“Estas acciones incrementan la exposición de la ciudadanía y contradicen el discurso de protección”, sostuvo.
Asimismo, señaló que el uso de bases de datos y call centers para el envío masivo de mensajes políticos evidencia prácticas que vulneran la normativa vigente.
“Quienes buscan nuevas reglas son, en muchos casos, los primeros en operar fuera de ellas”, afirmó.
Del Río Venegas reconoció que los riesgos digitales son reales y urgentes, especialmente para mujeres víctimas de ciberacoso o del uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo no consentido. No obstante, insistió en que estos desafíos requieren soluciones técnicas sólidas y no respuestas improvisadas.
Recordó que México ya cuenta con instrumentos legales como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de Particulares, por lo que el principal problema no es la falta de normas, sino su cumplimiento efectivo.
“Sin instituciones fuertes, sin auditorías independientes, sin sanciones reales y sin voluntad política, cualquier nueva regulación corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control, en lugar de una garantía de protección para la ciudadanía”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a abrir mesas de diálogo bajo esquemas de parlamento abierto, con participación de especialistas en inteligencia artificial y protección de datos sensibles.
“Cuando promueven la regulación son las caras de los que la incumplen. El problema no es la falta de normas, insisto, es la falta de autoridad que las aplique y credibilidad en la ciudadanía”, concluyó.
