Quieren evitar que agresores desempeñen puestos públicos

Incluyen a los hombres que no pagan sus pensiones. Foto: Miguel Alvarado.
Incluyen a los hombres que no pagan sus pensiones. Foto: Miguel Alvarado.

Propusieron a diputados de la LXIII Legislatura evitar nombramientos a aspirantes que hayan agredido sexual o físicamente a una mujer.

Integrantes de la Red Plural de Mujeres propusieron a diputados de la LXIII Legislatura evitar nombramientos de funcionarios de primer nivel y aspirantes a cargos de elección popular que adeuden alguna pensión alimenticia o que hayan agredido sexual o físicamente a una mujer.

Dicha iniciativa es denominada 3 de 3 Contra la Violencia de Género y fue respaldada por la activista y fundadora de la organización Las Constituyentes de la Ciudad de México, Yndira Sandoval Sánchez y los diputados Alma Dávila Luévano y Javier Calzada Vázquez.

María Luisa Sosa, coordinadora de la Asociación Feminista Olimpia de Gouges, dijo que como movimiento no están exigiendo un regalo, ya que lo único que se pide es que hombres que tienen estos antecedentes no se desempeñen en algún cargo público.

Sandoval Sánchez aclaró que los hombres no son enemigos de la mujer, por lo que la 3 de 3 no pretende truncarle la carrera política a ni la elección a nadie.

Agregó que en Zacatecas hay temas pendientes, ya que la violencia institucional está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no en el Código Penal.

Proponen protocolo contra el acoso

Por otro lado, la diputada Edelmira Hernández Perea, presentó una iniciativa para aplicar un protocolo de prevención, atención y sanción de acoso y hostigamiento sexual en el Poder Legislativo de Zacatecas.

Mencionó que uno de los objetivos es crear una cultura institucional de respeto, igualdad de género y entornos laborales libres de violencia.

La iniciativa prioriza la no revictimización y se deberán considerar cero tolerancia a las conductas de acoso y hostigamiento sexual, se prohibirán represalias, habrá presunción de inocencia, así como el respeto, protección y garantía de la dignidad, explicó.

Además, será válida la denuncia de alguna mujer que fue víctima de acoso u hostigamiento hasta por seis meses de antigüedad desde lo ocurrido y solamente serán tomadas en cuenta a partir de que entre en vigor el protocolo.

Las sanciones por estos actos varían según la gravedad de los hechos, entre las que se incluyen una amonestación pública o privada, la inhabilitación temporal para desempeñar un cargo o comisión, destitución del puesto, la recisión de la relación laboral o someterse a alguna medida o tratamiento profesional.

La importancia de tener este tipo de protocolos dentro de la Legislatura es que toda mujer que labore pueda desarrollarse en un ambiente sano y libre de toda violencia.

Con información de Norma de Luna y Silvia Alvarado