INE sanciona a dos aspirantes judiciales en Zacatecas

ZACATECAS.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas por más de 18 millones de pesos tras concluir la fiscalización del primer Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024–2025, en el que participaron más de 7 mil 700 candidaturas. De estas, dos corresponden al estado de Zacatecas y fueron sancionadas por diversas irregularidades.

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Según el informe presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se detectaron un total de 17 mil 596 faltas en los informes de ingresos y egresos de candidaturas, con irregularidades que en conjunto superaron los 900 millones de pesos. Entre las principales observaciones se encuentran egresos no comprobados, ingresos omitidos, pagos en efectivo fuera de norma, mal uso de cuentas bancarias y aportaciones prohibidas.

Zacatecas figura entre las 19 entidades con irregularidades en el proceso, acumulando multas por un total de 7 millones 975 mil 917 pesos. Dos de sus aspirantes judiciales recibieron sanciones específicas.

Óscar Gabriel Campos Campos, aspirante a Juez de Distrito en el Vigésimo Tercer Circuito, fue sancionado por omitir el registro de una entrevista publicada el 14 de abril en el medio digital Quinto Poder. El INE consideró el acto como proselitismo no reportado. A pesar de que Campos alegó que la entrevista fue gratuita, no presentó documentación que lo comprobara.

Por otro lado, Karla Monserrat Díaz Urrutia, quien contendía para jueza local, no reportó actos de campaña realizados los días 11 y 12 de abril y no utilizó una cuenta bancaria exclusiva para su candidatura. Aunque argumentó que no hizo gastos, la autoridad electoral señaló que todo acto proselitista debe ser declarado, sin importar si genera costos.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, subrayó que los aspirantes a impartir justicia deben ser ejemplo de legalidad: “No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”.

Este proceso electoral marca un hito en la historia democrática del país, al ser la primera vez que se eligen jueces y magistrados mediante el voto ciudadano. Además, representa un reto para garantizar la transparencia y legalidad en todos los niveles del Poder Judicial.