Fiscalización digital del SAT sin controles de privacidad, advierte Julieta del Río

ZACATECAS.- La modernización de la fiscalización digital en México podría traer consigo un grave riesgo para la privacidad de los ciudadanos, advirtió Julieta del Río, especialista en transparencia y excomisionada del INAI.

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Señaló que, aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplía sus facultades para supervisar plataformas electrónicas, la protección de datos personales sigue rezagada.

“Si el Estado tiene la capacidad de modernizar y ampliar su fiscalización, también debe asumir la responsabilidad de proteger los datos personales”, enfatizó Del Río.

Con la reciente aprobación del nuevo Código Fiscal de la Federación, el SAT podrá solicitar información más detallada sobre usuarios, transacciones y métodos de pago en plataformas digitales. Sin embargo, la especialista advirtió que esta medida no va acompañada de una regulación sólida que garantice la privacidad de los contribuyentes en un entorno cada vez más digital.

Del Río recordó que desde hace algunos años el SAT fiscaliza plataformas nacionales y extranjeras de transporte, alojamiento, streaming y comercio electrónico, obligándolas a registrarse, recaudar el IVA y reportar sus operaciones. No obstante, señaló que la vigilancia fiscal no debe avanzar más rápido que la protección de los derechos digitales.

“El problema no es la fiscalización en sí misma. Es legítimo que el Estado cuente con mecanismos de control para evitar la evasión fiscal, pero la protección de datos personales no puede quedar rezagada frente al poder de recaudación”, puntualizó.

Riesgos ante vacíos legales y filtraciones previas

La especialista recordó que, tras la desaparición del INAI, la protección de la información personal quedó en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).

Sin embargo, alertó que instituciones públicas como el IMSS, la SEDENA y el propio SAT han sufrido filtraciones de información sensible, lo que evidencia debilidades técnicas y jurídicas en el resguardo de datos.

“Existen antecedentes preocupantes; las filtraciones muestran deficiencias estructurales en la capacidad del Estado para proteger la privacidad de millones de personas”, advirtió Del Río.

SAT con más poder, pero sin garantías suficientes

Con las nuevas disposiciones, el SAT podrá solicitar datos más específicos de los usuarios de plataformas electrónicas, incluso sin su consentimiento, lo que vulnera el principio de información previsto en la ley.

Del Río instó a la Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a realizar verificaciones para garantizar que el SAT cumpla con los principios de licitud, proporcionalidad y finalidad.

“El Estado debe demostrar que su capacidad de fiscalizar va de la mano con su obligación de proteger derechos fundamentales. No se trata de frenar la recaudación, sino de equilibrar el poder con responsabilidad”, señaló.

Finalmente, subrayó que la Secretaría Anticorrupción puede restablecer este equilibrio emitiendo disposiciones que impidan abusos, aseguren avisos de privacidad adecuados y eviten transferencias indebidas de datos.

“La digitalización del SAT y la regulación de plataformas electrónicas son necesarias y bienvenidas, pero deben ir acompañadas de un régimen robusto de protección de datos personales. En una democracia madura, el Estado cobra impuestos, pero también protege los derechos de su gente”, concluyó Julieta del Río.