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El tirador, abatido en el lugar de los hechos, habría recibido una oferta de 50 mil pesos por ejecutar al alcalde de Uruapan; el arma fue usada en otros dos homicidios recientes.
URUAPAN, MICH.- A tres días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en pleno Festival de las Velas, las autoridades federales han comenzado a delinear el perfil del presunto responsable: un joven sicario vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Fuentes del gobierno federal confirmaron que el tirador fue Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán, quien habría actuado bajo las órdenes de un grupo criminal que opera en la región de Tierra Caliente.
Según información obtenida por El Universal, “El Cuate” era familiar de “El Prángana”, uno de los operadores de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como “R1” y “R2”, líderes del brazo armado del CJNG en Michoacán.
La noche del 1 de noviembre, Manzo participaba en un evento cultural en el centro de Uruapan cuando un joven se abrió paso entre la multitud y le disparó a quemarropa. Tres impactos de bala —dos en el abdomen y uno en el brazo— le arrebataron la vida horas después en el hospital.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el agresor se había hospedado horas antes en un hotel cercano a la Plaza Morelos, donde fue captado por cámaras de seguridad vistiendo una sudadera blanca y gorra. Los análisis periciales arrojaron residuos de pólvora en sus manos y presencia de anfetaminas y marihuana en su organismo.
El fiscal Carlos Torres Piña aseguró que el atacante actuó solo en el momento del crimen, pero formaba parte de una estructura criminal más amplia:
“No fue un acto espontáneo; hay indicios de planeación y coordinación con otros individuos”, afirmó.
Diversos reportes apuntan a que el ataque habría sido ordenado por el CJNG, organización que mantiene presencia en la zona y disputas con células locales.
El periodista Luis Chaparro reveló que el cártel habría ofrecido 50 mil pesos a dos jóvenes para ejecutar al alcalde. Sin embargo, el pago nunca se realizó, y uno de los atacantes abatidos —identificado como “El Cuate”— habría sido engañado por sus propios mandos.
“Por la vida de un alcalde, ofrecieron 50 mil pesos a repartir entre dos sicarios. Esos 50 mil nunca se pagaron”, detalló Chaparro en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.
El arma calibre 9 milímetros utilizada en el atentado había sido usada previamente en al menos dos asesinatos en Uruapan: uno en una barbería de la colonia Tierra y Libertad, el 16 de octubre, y otro en la colonia Ferrocarrilera, el 23 del mismo mes.
Estos hallazgos, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de que el arma circulaba entre células del CJNG, utilizadas para “trabajos específicos” en la región.
Aunque el agresor fue abatido en el lugar del ataque, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la investigación continúa para identificar a los autores intelectuales y la posible participación de grupos criminales con intereses políticos.
“No se trató de un ataque aislado. Hubo planeación y financiamiento detrás. Vamos tras quienes ordenaron el crimen”, advirtió el mandatario michoacano.
Durante el atentado, también resultaron heridos un regidor y un elemento de Protección Civil. Las autoridades analizan si estos ataques podrían estar relacionados con una ofensiva más amplia contra alcaldes que han denunciado extorsiones y amenazas.
La ejecución de Carlos Manzo —quien había denunciado la inseguridad en su municipio y exigido más apoyo federal— ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los presidentes municipales en Michoacán.
Con un sicario abatido y una red criminal en la mira, la investigación apunta a que el crimen no solo buscaba silenciar una voz local, sino enviar un mensaje de control territorial y poder.