SINALOA.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 29 de abril, las autoridades estadounidenses señalan que los implicados, todos con cargos de alto nivel en el gobierno y fuerzas de seguridad de Sinaloa, habrían colaborado con dicha organización criminal para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

La acusación incluye delitos de tráfico de drogas y armas, así como conspiración para el envío de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Según la investigación, los funcionarios habrían protegido a líderes del cártel, evitando su detención y procesamiento judicial, además de filtrar información confidencial de seguridad y del Ejército mexicano para facilitar las operaciones delictivas.

Entre los señalados también figuran Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”. Este último enfrenta además cargos relacionados con secuestro que derivaron en homicidios, según la acusación.

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por autoridades de Estados Unidos el año pasado, lo que agrava el alcance de los cargos presentados en este caso.