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La reforma electoral plantea eliminar privilegios y reducir el gasto en órganos electorales sin afectar su autonomía.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral que contempla recortes salariales y un tope de ingresos para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de una estrategia para reducir privilegios en organismos públicos.
De acuerdo con la propuesta, ningún funcionario electoral podrá ganar más que la titular del Ejecutivo federal, además de eliminar bonos, seguros de gastos médicos y percepciones adicionales.
La mandataria ha defendido que estos ajustes buscan responder a la demanda ciudadana de austeridad en el servicio público. En ese sentido, ha señalado que los altos salarios en organismos electorales resultan incongruentes frente a las necesidades sociales del país.
El proyecto forma parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral, que también incluye recortes presupuestales en congresos locales y límites en el número de regidores municipales. El objetivo central es liberar recursos públicos para destinarlos a obras y servicios en estados y municipios.
Además, la iniciativa establece un tope al gasto de los congresos estatales equivalente a un porcentaje de sus presupuestos, con lo que el gobierno federal busca contener el crecimiento del gasto administrativo.
Sheinbaum ha insistido en que la reforma no pretende debilitar al INE, sino eliminar excesos y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. En paralelo, legisladores de Morena han señalado que la propuesta mantiene la autonomía del organismo electoral, aunque introduce ajustes administrativos.
La iniciativa surge tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia en el Congreso, lo que llevó al gobierno a plantear modificaciones legales y administrativas que no requieren mayoría calificada.
Sin embargo, su aprobación aún depende de acuerdos políticos con partidos aliados, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, necesarios para avanzar en el proceso legislativo.
En este contexto, la discusión sobre los salarios en el INE se ha convertido en uno de los puntos más polémicos, ya que enfrenta posturas entre quienes defienden la austeridad y quienes advierten posibles riesgos para la independencia institucional.
Por ahora, el gobierno federal mantiene su apuesta por reducir costos en el aparato electoral, mientras continúa el debate sobre el equilibrio entre eficiencia presupuestal y autonomía de los órganos democráticos.
