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El Pleno de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves a las 17:00 horas para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, que solo será efectiva si recibe el respaldo necesario de las legislaturas estatales.
MÉXICO.- Los Congresos estatales han comenzado a discutir un proyecto de decreto que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, con el objetivo de establecer la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, es decir, una “Supremacía Constitucional”.
Esta propuesta busca impedir que cualquier modificación a la Carta Magna sea objeto de impugnación por vía judicial, lo que significa que no se podrá cuestionar su validez en los tribunales.
La reforma, ya aprobada en la Cámara de Diputados con 340 votos a favor, principalmente de Morena, PT y el Partido Verde, plantea que cualquier juicio o recurso pendiente sobre la validez de una reforma quedará sin efecto. Este cambio ha generado un amplio debate sobre el equilibrio de poderes en México, ya que podría limitar el papel del Poder Judicial en la supervisión de las reformas constitucionales.
Tras más de diez horas de discusión en la Cámara de Diputados, la “supremacía constitucional” fue respaldada por una mayoría calificada, aunque todas las reservas planteadas en la discusión particular fueron desechadas. La minuta fue enviada a los Congresos locales para su evaluación, con la expectativa de que al menos 17 de las 32 legislaturas estatales den su visto bueno.
La votación ha comenzado en diferentes estados:
El Pleno de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves a las 17:00 horas para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, que solo será efectiva si recibe el respaldo necesario de las legislaturas estatales. Este proceso se desarrolla en un contexto de intenso debate sobre la relación entre el poder legislativo y judicial en México, y el impacto que tendrá en la interpretación y aplicación de la Constitución. La inimpugnabilidad podría cambiar significativamente cómo se llevan a cabo las reformas y quién tiene la última palabra sobre su validez.