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Asesinato de Roxana Guzmán vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de ejercer el periodismo en México | Foto: Cortesía.
El crimen de Roxana Guzmán reaviva el llamado a proteger a quienes ejercen el periodismo en México.
VERACRUZ.- El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, volvió a estremecer al gremio periodístico mexicano y a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen la profesión en distintas regiones del país.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes que los restos localizados en un predio rural entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán corresponden a la comunicadora, luego de que fueran identificados mediante pruebas científicas y dictámenes periciales.
Roxana fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió violentamente en su domicilio, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital de Lázaro Cárdenas. Los agresores derribaron la puerta con un mazo y se la llevaron por la fuerza, un hecho que quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.
🔴Se confirma homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La Fiscalía de Veracruz informó que se hizo una verificación científica a los restos hallados.
Hasta el momento hay 8 detenidos por el caso. pic.twitter.com/eYuEDyt2Sm pic.twitter.com/sfac4F633B— Monica Garza (@monicagarzag) July 3, 2026
De acuerdo con las investigaciones, la periodista fue asesinada y sus restos fueron calcinados dentro de un tambo metálico, un acto que ha causado indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegas de todo el país.
Como resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete e inteligencia, la Fiscalía informó la ejecución de ocho órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado.
Entre los detenidos se encuentran presuntos integrantes de una célula criminal identificados como Javier Iván “N” (Delta 1), José del Carmen “N” (Delta 7), Luis Arturo “N” (Delta 11 o El Pelón) y Karen Monserrat “N” (La Hiena).
Además, fueron capturados cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente brindaron apoyo logístico a los responsables del crimen, incluyendo el suministro de combustible y víveres durante el tiempo que la periodista permaneció privada de la libertad.
La violencia ya había golpeado antes la vida de Roxana Guzmán. En 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado frente a ella.
Tras ese crimen abandonó temporalmente Veracruz, pero regresó años después decidida a seguir ejerciendo el periodismo y fundó Pulso Informativo del Sureste, medio desde el que daba cobertura a temas de seguridad, política y asuntos sociales en la región.
El asesinato de Roxana Guzmán representa un nuevo golpe para la libertad de expresión en México. Cada periodista asesinado deja un vacío irreparable en su familia, en su comunidad y en el derecho de la sociedad a estar informada.
En un país donde informar sobre temas de seguridad, corrupción o política puede convertirse en una sentencia de muerte, el miedo ha comenzado a instalarse entre quienes salen todos los días con una libreta, una cámara o un micrófono para contar lo que sucede.
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, una realidad que obliga a reforzar los mecanismos de protección y a combatir la impunidad que rodea estos crímenes.
Mientras las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del asesinato y dar con los autores intelectuales, el caso ya es atendido también por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Porque cuando asesinan a un periodista no solo se apaga una voz; también se vulnera el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad. Proteger a quienes informan no es un privilegio del gremio, sino una condición indispensable para preservar la libertad de expresión y la democracia.
