

Amalia García Medina | Foto: Cortesía
La senadora advierte que los productores agrícolas requieren certeza jurídica y rechaza la criminalización de las manifestaciones.
CIUDAD DE MÉXICO. — En la discusión sobre la nueva Ley de Aguas en el Senado de la República, la senadora Amalia García Medina expresó su preocupación por los efectos que esta legislación tendrá en los productores agrícolas del semidesierto zacatecano, quienes dependen del recurso hídrico para mantener la producción de alimentos básicos para el país. Durante su intervención, presentó reservas específicas para garantizar certeza jurídica en el uso del agua.
La senadora lamentó la manera en que se ha señalado y criminalizado a las y los ciudadanos que se manifestaron en diversos puntos del país. Recordó que el derecho a la manifestación, a la reunión y a la protesta es un derecho constitucional que ha costado décadas defender.
“Conozco a quienes vinieron de Zacatecas. Son productores que viajaron como pudieron para exigir certeza en el uso del agua. Criminalizarlos es profundamente injusto”, afirmó.

García Medina destacó que Zacatecas es el principal productor de frijol, chile y ajo del país, cultivos que dependen directamente del acceso al agua. Sin embargo, señaló que la ley no contempla la enorme diferencia entre regiones con abundancia hídrica y zonas como el semidesierto zacatecano.
“No es lo mismo hablar del agua en el sureste que en el semidesierto, donde se le saca agua a las piedras. Producir en estas condiciones exige enormes sacrificios que deben reconocerse”, subrayó.
La senadora explicó que comparar extensiones de tierra entre regiones con distinta disponibilidad hídrica es técnicamente incorrecto: 500 hectáreas en el semidesierto no equivalen a 100 en una zona con agua.
La legisladora señaló la ausencia de un debate real sobre los grandes consumidores de agua en la entidad, quienes no han sido parte central de la discusión pública.
“El principal consumidor de agua en Zacatecas es una empresa minera, y el segundo es una cervecera. Ellos consumen volúmenes gigantescos, pero la narrativa pública ha criminalizado a los productores agrícolas”, indicó.
También refirió que existe un grave problema de recaudación por derechos de concesión: de más de 310 mil concesionarios en 2022, solo 8 mil pagaron. La recaudación debió alcanzar 58 mil millones de pesos, pero apenas llegó a 12 mil millones.

García Medina advirtió que la Comisión Nacional del Agua enfrenta un debilitamiento institucional: de 2022 a 2024, su presupuesto disminuyó 46 por ciento, dificultando su capacidad operativa, de supervisión y de análisis técnico.
“¿Cómo va a operar Conagua con casi la mitad del presupuesto? ¿Cómo va a garantizar justicia hídrica?”, cuestionó.
La senadora reconoció que las movilizaciones permitieron introducir cambios importantes en la iniciativa, uno de los pocos elementos positivos del proceso legislativo. Sin embargo, insistió en que los productores necesitan mayores garantías y claridad en la aplicación de la ley.
La legisladora presentó una reserva para modificar el artículo 37 Bis 1, con el objetivo de incorporar la figura de afirmativa ficta en trámites de transmisión de derechos derivados de concesiones de agua.
La ley establece que las autoridades deben resolver estos trámites en un máximo de 20 días hábiles, pero en la práctica pueden tardar tres o cuatro años, afectando directamente la producción.
“Si la ley dice que se resolverá en 20 días, que así sea. Los productores necesitan certezas para poder producir”, enfatizó.
La senadora Amalia García Medina concluyó llamando a replantear la visión centralista de la Ley de Aguas y a reconocer las condiciones particulares de regiones como Zacatecas, donde la agricultura es esencial pero profundamente vulnerable.
“El agua es vida y alimento. Los productores del semidesierto merecen justicia hídrica, certidumbre y un trato digno, no criminalización”, finalizó.