Alcaldesa de Reynosa propone impuesto a tacos y elotes
La alcaldesa de Reynosa pidió un impuesto a tacos, elotes y otros antojitos para que los gobiernos locales puedan recaudar recursos
CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz, propuso un impuesto a tacos, elotes y todos los comerciantes informales de hasta 5%.
Durante el foro parlamentario para el análisis del Paquete 2020, la alcaldesa panista hizo una propuesta para recaudar más en las administraciones municipales.
“Queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales. Nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos en un censo, todos los taqueros, todos los elotes. Toda esa gente que no paga impuestos y que debería tener una tasa para pago de impuestos”, declaró.
Ley de Impuesto a la Informalidad
Ortiz propuso una Ley de Impuestos a la Informalidad que grave 5% los ingresos de personas que venden comida en la calle.
Tacos, elotes y otros productos que no le generen ganancias de 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal a un vendedor entraría en su propuesta.
De esta manera, los comerciantes informales serían incorporados como personas físicas con actividad empresarial para que paguen impuestos.
La alcaldesa pidió revivir el Régimen de Contribuyentes de Incorporación Fiscal para personas físicas con ingresos menores de 2 millones de pesos.
El impuesto a tacos y a otros antojitos se dirigiría a gobiernos locales que, ante la disminución de presupuesto federal, requieren buscar otras alternativas para recaudar fondos.
Migrantes autosustentables
La alcaldesa panista también propuso que los migrantes en México sean autosustentables después de un tiempo en el país.
Explicó que en un albergue con mil personas, 400 provienen de Cuba, 300 de Centroamérica, más de 100 de otros países y 12 son de México.
“Los mexicanos no están cruzando la frontera, pero debemos mantenerlos a todos. Los apoyamos (a los migrantes), pero deben de trabajar porque me cuesta entre 300 a 500 pesos diarios cada uno”, refirió.
Ortiz criticó que, aunque tienen el derecho para trabajar, no lo hacen, pese a que tiene “una bolsa de 30 mil empleos”.
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