Zaldívar y panistas ayudan a AMLO para desprestigiar más al PJF

Las solicitudes de juicio político que se presentarán en los próximos días solo contribuirán a desprestigiar más al Poder Judicial Federal (PJF).

Por un lado, Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitará un juicio político contra la ministra Norma Piña, su sucesora en las presidencias de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además, la denunció por diversos delitos ante la FGR y otras autoridades.

Sus acusaciones se dieron días después de que Piña ordenara que se investiguen sus supuestos actos de corrupción y los de otros integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) cuando fue presidente de la SCJN y el CJF.

Ahora bien, los ministros de la SCJN gozan de fuero constitucional que impide que sean arrestados o procesados penalmente por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, a menos que sean desaforados mediante un procedimiento específico que empieza en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado.

Por otro lado, senadores panistas anunciaron ayer que solicitarán juicio político contra Zaldívar, por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

La realidad es que aunque el objetivo del juicio político sea mantener la legalidad y ética en el servicio público y busque sancionar a un funcionario que infringe la ley, su destitución e inhabilitación es el resultado de un proceso influenciado por las luchas entre grupos políticos,

Los procedimientos comienzan con una denuncia que cualquier ciudadano presenta ante la Cámara de Diputados. Este acto de democracia directa y participativa puede transformarse en una herramienta de presión o chantaje político. Las mayorías parlamentarias influyen decisivamente en el proceso, desde la admisión de la denuncia hasta la eventual sentencia en el Senado.

Las decisiones dentro de las comisiones legislativas encargadas de analizar la procedencia de las denuncias y la misma deliberación en el pleno del Senado obedecen a las lealtades partidistas y no es raro que la inocencia o culpabilidad de un funcionario se decida más por conveniencias electorales que por evidencias sólidas.

Así, el juicio político, que debería ser un proceso serio y reservado para los casos más flagrantes de abusos o negligencia, puede degenerar en un espectáculo político como el que ahora estamos viendo, donde los verdaderos perdedores son las ya de por sí desprestigiadas instituciones nacionales y el ganador es la falta de respeto por la ley.

Por el momento, todas las acusaciones de Zaldívar contra Piña no llegarán a ningún lado si antes no es desaforada por una mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes durante la votación de desafuero, algo que en esta legislatura se ve muy poco probable. Tampoco, y por la misma razón, tampoco prosperará la solicitud de juicio político de los senadores del PAN.

Lástima que Zaldívar, un distinguido exmiembro del PJF y ahora un incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoye los esfuerzos de su jefe para desprestigiar más a la institución que tanto lo benefició. Lástima también que por razones meramente electorales los panistas contribuyan a estos esfuerzos.

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