Vivir con inflación

Durante diez años, no se la había visto en ninguna parte, relegada al rango de un vestigio de una época pasada, después de la cual los bancos centrales corrieron en vano al desplegar políticas monetarias cada vez más acomodaticias para estimular los precios y los salarios.

Luego llegó el momento de la negación después del shock de la pandemia de Covid-19. Los planes para apoyar la economía finalmente provocaron la tan esperada chispa y el incendio prendió en todo el mundo. Con el anatema “un poco de inflación no es mala”, la mayoría de los economistas nos han prometido un aumento controlado y transitorio. Pero, mes tras mes, la que sería temporal se está afianzando y los gobiernos ahora deben lidiar urgentemente con las justificadas preocupaciones de los consumidores sobre su poder adquisitivo.

El debate se está politizando a gran velocidad. En Estados Unidos, con un 7%, la inflación es la más alta en cuarenta años. Como los salarios no se mantienen al día con los aumentos de precios, la popularidad del presidente Joe Biden se está desmoronando al mismo ritmo que el poder adquisitivo de los estadounidenses. Lo mismo ocurre en la zona euro, donde el incremento es superior al 5%, su nivel más alto en veinticinco años. En Francia, las cifras son menos aparatosas, pero el fenómeno también se está extendiendo a toda su economía, tomando desprevenidos a los políticos. En México, la tasa de inflación es la mayor en 21 años y se mantiene fuera de las metas del Banco de México por 11 meses consecutivos, pulverizando el efecto del incremento de los salarios mínimos, con la diferencia fundamental de que en nuestro país hay mayores indicadores de debilidad en la planta productiva debido a la falta de medidas de soporte destinadas a resistir el golpe de la pandemia de parte del gobierno del presidente López Obrador, a pesar de lo cual las cifras de su popularidad se muestran sólidas como si fueran de roca, señal de que la expectativa y necesidades de la gente en nuestro país son otras.

En términos más generales, cada vez más empresas están tratando de trasladar sus crecientes costos a los consumidores. Si la tendencia continúa, el riesgo de un bucle precio-salario está destinado a materializarse. Sin embargo, la experiencia demuestra que nadie gana en este círculo vicioso.

En nuestro país, la intensificación de un escudo de subsidios para amortiguar el aumento de los precios de la energía con fines puramente políticos, que no económicos, lo deja a uno escéptico. El experimento se está convirtiendo en un barril de danaides para el presupuesto estatal, mientras que no hay tregua a la vista en los mercados mundiales.

Aunque algunos aspectos cíclicos de la inflación eventualmente se desvanecerán, otros, más estructurales, por el contrario, continuarán empujando los precios al alza en México. Entre ellos se encuentran el coste de la transición energética, el fracaso crónico de la política agraria, los despidos y las altas tasas de informalidad, sobre todo, el mantenimiento de los tipos de interés en un nivel bajo que es imposible subir bruscamente sin provocar una tormenta financiera.

Debemos estar preparados para vivir en un entorno en el que muchos bienes y servicios cuyos precios se incrementen rápidamente, al tiempo que garantizamos que este retroceso no estrangule a quienes no tendrán los medios para mantenerse a flote día a día. Una de las vías es repensar nuestro modelo de protección social para adaptarlo a estas nuevas limitaciones. En esta etapa, por desgracia, más allá de las propuestas de aumentos salariales poco realistas, la reflexión está casi ausente del debate nacional, enfrascado ya en la elección presidencial de 2024 en la que los candidatos, por supuesto, no parecen interesados, ni autorizados, para hablar del tema.