Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.
Julieta del Río.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el posible daño al erario se ha estimado en alrededor de 15 mil millones de pesos.
Julieta del Río
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) vuelve a evidenciar inconsistencias en la información oficial sobre uno de los mayores escándalos de corrupción en México. A lo largo de este proceso, el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió numerosos recursos ante la negativa de diversas autoridades a entregar información clave.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación que sustentara las declaraciones de su titular, quien afirmó que el presunto desvío en Segalmex ascendía a aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos, y no a los cerca de 15 mil millones identificados en auditorías federales.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el posible daño al erario se ha estimado en alrededor de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, en una conferencia del 29 de julio de 2023, el titular de la SFP sostuvo que el monto era considerablemente menor, señalando que la dependencia había detectado cerca de 6 mil millones de pesos, mientras que la ASF reportaba aproximadamente 3 mil 500 millones. Frente a estas discrepancias, el INAI ordenó transparentar la información que dio origen a tales afirmaciones, con el objetivo de esclarecer el monto real del desfalco.
En otro frente, el INAI también instruyó a Segalmex a hacer pública la documentación que acreditara la supuesta recuperación de 950 millones de pesos relacionados con la adquisición irregular de certificados bursátiles en 2020 y 2021. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el entonces titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, aseguró que se había recuperado el 100% de estos recursos. No obstante, ante una solicitud de información, la institución únicamente entregó un contrato por 100 millones de pesos, sin proporcionar evidencia suficiente que respaldara la recuperación total anunciada.
Esto evidenció la falta de documentos públicos que confirmaran dicha afirmación. A ello se suma que Segalmex intentó clasificar como reservada, por un periodo de cinco años, la información relacionada con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por los actos de corrupción detectados. Estas investigaciones internas identificaban a probables responsables del desvío o malversación de recursos por un monto cercano a los 15 mil millones de pesos.
El pleno del INAI revocó esta reserva al considerar que debía prevalecer el interés público. Diversos reportes han señalado posibles responsabilidades que alcanzarían a exfuncionarios de Segalmex, incluyendo a su extitular, así como a particulares vinculados a la operación de los recursos.
Cabe destacar que los recursos involucrados estaban destinados a programas de apoyo alimentario para población vulnerable, lo que amplifica el daño social derivado de estos hechos. Más de 25 medios de comunicación han dado seguimiento al caso, reflejando el alto interés público.
En suma, el caso Segalmex es uno de los casos emblemáticos de actos de corrupción a gran escala. La intervención del INAI representó un paso importante para exigir transparencia, aunque aún insuficiente para esclarecer completamente uno de los episodios más cuestionados en el manejo de recursos públicos en el país. Esperamos las resoluciones de los órganos de fiscalización y que no exista impunidad.
@julietdelrio
