Plan Cero Robos es un primer paso contra el robo en carreteras

Durante el primer semestre de este año se registraron más de 24,000 robos a transportistas en las carreteras del país, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2024. Más del 80% fueron con violencia. Esta crisis de inseguridad no solo pone en riesgo la vida de miles de conductores, sino que impacta a la economía nacional y a los precios que paga el consumidor, que muchas veces ignora que parte del encarecimiento de los productos se debe a los costos de operar bajo peligro.

Según estimaciones del sector privado, cada robo puede costar más de un millón de pesos, considerando pérdida de mercancía, deducibles, primas de seguro, escoltas armadas y retrasos logísticos. En 2023, la Concamin calculó que el robo y quema de unidades generaron pérdidas por casi 70,000 millones de pesos para la industria del autotransporte. Y si bien aún no hay una cifra oficial para 2025, todo indica que las pérdidas serán mayores.

Frente a este escenario, el martes pasado la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunciaron un plan conjunto que contempla el despliegue de 41,800 guardias en 1,585 tramos carreteros federales. Como parte central de este operativo se lanzó el llamado “Plan Cero Robos”, focalizado en tres autopistas: México–Querétaro, México–Puebla y Mazatlán–Culiacán. Ahí se reforzará el patrullaje, se instalarán arcos con lectores de placas, drones, torres de vigilancia y se habilitarán “paradores seguros” para transportistas. En el caso de la México–Querétaro ya se reporta una reducción del 22 % en los robos durante las primeras semanas del operativo.

Pero el problema es mayor. Además de las tres anotadas en el párrafo anterior, las más peligrosas del país son: Querétaro–Irapuato, San Luis Potosí–Lagos de Moreno, México–Toluca, México–Cuernavaca–Acapulco, Cancún–Tulum, La Tinaja–Coatzacoalcos, México–Veracruz, Monterrey–Nuevo Laredo, Puebla–Córdoba, México–Pachuca, Guadalajara–Tepic, Morelia–Uruapan, Chilpancingo–Acapulco, Saltillo–Monterrey, Mazatlán–Los Mochis, Zacatecas–Aguascalientes y Tepic–Mazatlán. Solo tres han sido incluidas en el nuevo plan, dejando a 17 sin refuerzo operativo. Esto favorece que la delincuencia simplemente migre hacia los tramos que siguen desprotegidos.

Se ha dicho que la GN, con más de 110,000 efectivos, podría asumir más vigilancia, pero eso ignora que buena parte de sus fuerzas están comprometidas en otras misiones: prevención del delito y patrullajes urbanos y rurales, detención de presuntos delincuentes y aseguramiento de armas, drogas o vehículos, control migratorio, resguardo de instalaciones estratégicas, vigilancia en aduanas, atención a desastres. Destinar suficientes guardias a las 20 rutas más peligrosas requeriría una redistribución operativa que hoy la GN simplemente no puede asumir sin desatender sus demás responsabilidades.

Los planes anunciados representan un avance frente a la pasividad institucional de años anteriores. Pero el tamaño del reto exige una estrategia nacional, integral y sostenida, que combine inteligencia criminal, vigilancia tecnológica, patrullaje efectivo y coordinación con autoridades estatales. Si no se avanza en ese sentido, el problema será parcial pero no completamente resuelto.

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