No es percepción

Antonio Sánchez González.
Antonio Sánchez González.

Aumento de la extorsión, prevalencia de ataques a la integridad física de las personas, robos con violencia, asaltos en la calle para robar un reloj o simplemente el teléfono celular, violencia contra las mujeres, robos de autos con brutalidad, asesinatos de traficantes para generar terror, acoso y agresiones a adolescentes, agresiones a alcaldes, agresiones a … Leer más

Aumento de la extorsión, prevalencia de ataques a la integridad física de las personas, robos con violencia, asaltos en la calle para robar un reloj o simplemente el teléfono celular, violencia contra las mujeres, robos de autos con brutalidad, asesinatos de traficantes para generar terror, acoso y agresiones a adolescentes, agresiones a alcaldes, agresiones a policías e integrantes de las fuerzas del estado.

La realidad está ahí y no hay que banalizarla. Es inocultable.

Sin embargo, los fenómenos de inseguridad e incivismo se diluyen en el campo de los medios de comunicación por adopción de la costumbre mientras, como demuestra la más reciente publicación del INEGI sobre el tema, crecen y alteran seriamente la vida cotidiana de todos nosotros.

No se trata de reaccionar exageradamente a cada noticia sino de captar la gravedad de los efectos de la delincuencia para sus víctimas y los mexicanos más expuestos, de comprender su realidad estadística y vivida, de ser conscientes del empeoramiento de la situación.

Estos hechos se multiplican, no son ni un invento fantaseado, ni una percepción sesgada, ni una instrumentalización política. Las cifras son implacables. No es necesario repasarlas porque han crecido cada día desde hace dos décadas -en Zacatecas hace más de un lustro- y no dejan de aumentar a pesar de toda la propaganda en sentido contrario.

La incapacidad soberana para frenar esta inseguridad es sobre todo catastrófica para muchos mexicanos. Es destructiva para la sociedad. Sumando a esto la recurrente grandilocuencia de los discursos marciales de los líderes políticos proporcional a su evidente impotencia frente a las cifras criminales, aunado al desconcierto generado desde la cúpula del Estado ante su mal expresada defensa a ultranza de los derechos humanos de los perpetradores de los delitos que recurrentemente se ponen por encima del derecho de las víctimas a la aplicación de la justicia y la reparación del daño, que se traduce en un sentimiento de injusticia y a veces de resentimiento que son factores de desintegración cívica y constituyen fermentos de revuelta. Sobran los ejemplos concretos que permiten medir esta doble moral.

Toda esta realidad es subestimada, incluso cada vez más veces negada -incluso burlada- en los comentarios desconectados y conformistas de muchos altos y medianos funcionarios, y a veces también por comentaristas, algunos analistas, periodistas y líderes empresariales, ya sea por razones ideológicas y políticas o porque su entorno los preserva en su vida cotidiana de esta inseguridad.

En la cúpula del Estado, las circunvoluciones de la secretaria de seguridad para tratar de engañar a la opinión pública y el acompañamiento -o, en el mejor de los casos el silencio cómplice del presidente de la República- son una manifestación entre otras. La negación es total pero no puede ser enmascarada por discursos de circunstancia relacionados con las emociones mediatizadas.

Esta situación es grave. Está pudriendo la vida de los mexicanos expuestos a la violencia, que aumenta en número cada día y alimenta una profunda crisis cívica compuesta por una creciente indiferencia hacia los asuntos públicos, la apatía de los ciudadanos, la dejadez política y el aumento de las palabras demagógicas.
Esta situación ya no puede pasarse por alto.

Esta situación no es inevitable.

Esta situación debe y puede ser combatida de acuerdo con los principios de nuestra democracia republicana mediante actos firmes, constantes y eficaces.

Por supuesto que hay medidas técnicas por estudiar, aplicar y corregir. Por supuesto que habrá expertos por contratar. Pero es sobre todo la voluntad de ejecutar las cosas, de hacer un seguimiento riguroso, de perseverar metódicamente en la aplicación de las sanciones, que nuestro país logrará encontrar mayor seguridad y tranquilidad en todas partes. No más impunidad.

Paralelamente a la ambición económica y ecológica, científica o industrial, educativa y cultural que México debe recuperar, la eficiencia soberana que restablezca un orden justo es la condición sine qua non para la dignidad humana de cada mexicano y la unidad de la nación.

Porque no existe futuro para el País ni para el estado sin seguridad y respeto a la ley.




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