Julieta del Río

En el diseño institucional mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad la estructura del Estado, la división de poderes y la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, encabezado por la Presidencia de la República. Entre sus funciones se encuentran promulgar y ejecutar las leyes, así como asegurar su cumplimiento en el ámbito administrativo.

Desde esa posición, la figura presidencial no solo representa la conducción del gobierno, sino también el mando administrativo y, en determinados contextos, la jefatura de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la práctica política demuestra que ello no siempre se traduce en una coordinación automática entre los distintos niveles de gobierno ni entre los actores del sistema político.

México, como república federal, otorga autonomía a estados y municipios. Este diseño fortalece el equilibrio institucional, pero también abre espacios para tensiones políticas y diferencias en la implementación de las decisiones del gobierno federal. En ese contexto, han sido visibles episodios de fricción entre la Federación y algunos gobiernos estatales.

En las últimas semanas se ha observado cómo ciertos actores políticos rebasan, sin pudor, los límites de sus facultades. No se trata de errores menores ni de simples descuidos administrativos, sino de decisiones y conductas que ponen en entredicho el respeto al Estado de derecho y a la inteligencia de la ciudadanía.

Los servidores públicos no pueden ni deben autorizar o realizar actos que impliquen la asignación indebida o el desvío de recursos públicos (materiales, humanos o financieros) sin un fundamento legal claro. Cuando esto ocurre, estamos ante posibles abusos de funciones o incluso tráfico de influencias, conductas sancionadas por la ley.

Preocupa la normalización de estas prácticas. Casos recientes lo ilustran, el uso de recursos de la fuerza militar para fines ajenos a su naturaleza por parte de una senadora, o la defensa de privilegios personales sin sustento legal, como habitar espacios diplomáticos sin facultades para ello.

Más grave aún es la narrativa que los acompaña: la idea de que “no hay nada de malo”, como si la percepción individual pudiera sustituir al marco jurídico. Eso es corrupción. Y lo que verdaderamente lastima no es solo la conducta en sí, sino la aparente convicción de que la sociedad no advertirá estas irregularidades o las tolerará sin consecuencias.

Frente a ello, no basta la crítica mediática ni la indignación pasajera. Se requiere una respuesta institucional firme. Cuando existen indicios de faltas graves, las autoridades competentes deben actuar con determinación: investigar, sancionar y, en su caso, destituir. La rendición de cuentas no es un acto simbólico, es una obligación.

A esta dimensión administrativa se suma una fragmentación política que también impacta en lo técnico. Casos como San Luis Potosí, Nuevo León y Tlaxcala donde no han entendido el mensaje de la Presidenta de no impulsar el nepotismo, se han interpretado más como expresiones de desacuerdo político que como simples diferencias administrativas.

La cadena normativa en México (Constitución, leyes federales, reglamentos, decretos y lineamientos) establece una jerarquía clara. No obstante, su eficacia depende de su aplicación real en todos los niveles de gobierno. Es ahí donde se concentran los principales retos de gobernabilidad.

Algunos actores políticos parecen escudarse en lealtades personales o afinidades pasadas, subestimando que hoy la conducción del Poder Ejecutivo Federal exige autoridad, congruencia y respeto irrestricto a la ley. De no ser así, se debilita tanto el control político como el administrativo, con efectos directos en la ciudadanía.

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